El exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, ha solicitado al Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama también deba abonar una fianza en el marco del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Según García, la capacidad económica de Aldama lo hace responsable de la misma manera que él y el exministro José Luis Ábalos, que se encuentran encarcelados desde el 27 de noviembre de 2025.
Responsabilidad civil solidaria
A través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Koldo García ha argumentado que son tres los acusados en este caso y que la responsabilidad civil debe ser solidaria entre todos ellos. El escrito refleja la preocupación de García por lo que considera una «flagrante asimetría financiera» entre los implicados, destacando que tanto él como Ábalos enfrentan una situación de precariedad económica que les impide afrontar los honorarios de su defensa legal, a diferencia de Aldama, quien, según el exasesor, «ha hecho gala de una exuberante capacidad económica».
García menciona que Aldama se autodefine como un «empresario de éxito» y ha sido objeto de medidas cautelares, como la incautación de un vehículo de alta gama. La defensa del exasesor sostiene que Aldama presenta un nivel de vida incompatible con la situación de embargo o limitación de recursos, lo que sugiere que debería asumir también la responsabilidad civil.
Indicios de solvencia patrimonial
El escrito de defensa incluye referencias a un viaje a Ibiza realizado por Aldama, donde se observó un «despliegue de gasto suntuario» que abarcó el uso de un jet privado y el alquiler de una villa de lujo, así como gastos en restaurantes y comercios de alto standing. Estos gastos, según García, son «indicios racionales de una solvencia patrimonial suficiente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso».
El Tribunal Supremo ha establecido un plazo de cinco días para que Koldo García y José Luis Ábalos presenten cada uno una fianza de 60 000 euros, advirtiéndoles de que en caso de no cumplir esta orden, se procederá al embargo de sus bienes. La Fiscalía ha solicitado penas de prisión que suman 24 años para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama.
Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han ido más allá, reclamando hasta 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que la Fiscalía. A pesar de las acusaciones, tanto García como Ábalos defienden su inocencia, afirmando que no cometieron delito en la presunta trama de mascarillas. Aldama, por su parte, ha reconocido los delitos a cambio de una petición de condena menor en un juicio que se espera para los próximos meses.
