El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que modifica significativamente el panorama para miles de inquilinos en España. En su fallo, confirma que el derecho de retracto, que otorga a los inquilinos la posibilidad de adquirir la vivienda que alquilan al mismo precio que un tercero, permanece vigente incluso en el contexto de ventas conjuntas de inmuebles.
Este cambio es crucial, ya que muchos propietarios e inmobiliarias habían estado utilizando la venta de carteras de inmuebles como un «escudo» para eludir la obligación de notificar a los inquilinos sobre la venta. La reciente decisión del Alto Tribunal pone fin a esta práctica, obligando a los propietarios a respetar el derecho de los arrendatarios.
El caso que sentó el precedente
La sentencia 1834/2025, dictada el 12 de diciembre de 2025, se origina en el caso de una inquilina que descubrió que su vivienda y garaje habían sido vendidos a una sociedad inmobiliaria sin que se le notificara la operación ni el precio de venta. A pesar de que la empresa alegó que se trataba de una «venta en bloque» y que el contrato de alquiler había quedado anulado tras una ejecución hipotecaria previa, el Supremo desestimó todos sus argumentos.
La Ley de Arrendamientos Urbanos es clara al respecto: el artículo 25 protege el derecho de adquisición preferente de los inquilinos. Solo se puede eludir este derecho en circunstancias muy específicas, como en la venta de un edificio completo o de todas las fincas de un único propietario. Si la operación consiste en la venta de varios pisos dispersos, el inquilino tiene prioridad absoluta para adquirir su hogar.
Facilidades para los inquilinos
Uno de los aspectos más importantes de esta resolución es que aclara que no es necesario consignar el precio de la vivienda antes de iniciar una demanda. El tribunal considera que exigir el pago anticipado representaría un obstáculo desproporcionado para los ciudadanos. Aunque será necesario consignar el importe para finalizar la compra, esto no es un requisito para que un juez comience a estudiar el caso.
Además, la decisión judicial establece que, incluso si el inmueble ha pasado por una ejecución hipotecaria, si el inquilino continúa residiendo en él y su contrato sigue vigente, mantiene intactos todos sus derechos. Esta determinación actúa como un claro aviso para los fondos de inversión: los derechos de los inquilinos prevalecen sobre la rapidez de las grandes operaciones inmobiliarias.
En resumen, esta sentencia del Tribunal Supremo no solo refuerza los derechos de los inquilinos, sino que también establece un precedente que podría cambiar la forma en que se llevan a cabo las transacciones inmobiliarias en España. A medida que se implementen estas nuevas clarificaciones legales, será fundamental observar cómo responden los propietarios e inmobiliarias ante este cambio normativo.
