El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza ha tomado una decisión significativa al suspender la Resolución N° 1240/25 del Ministerio de Economía, lo que representa un nuevo revés para el Gobierno de Javier Milei en su intento de implementar un ajuste que muchos critican como un desmantelamiento del Estado. Esta medida cautelar fue solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y prohíbe al Gobierno llevar a cabo reubicaciones, cesantías, suspensiones o pases a disponibilidad de los trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
El tribunal ha ordenado que el Gobierno se abstenga de realizar cualquier acción que implique la reducción del personal o la supresión de estructuras internas. En la cautelar, se solicitó al Poder Judicial que declare la nulidad de varios artículos de los Decretos 462/2025 y 585/2025, así como de la Resolución del Ministerio de Economía 2025-1240-APN. Estas normativas fueron calificadas como parte de una estrategia destinada a la “disolución, desfederalización y vaciamiento del INV”. Además, se argumentó la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley 27.742, conocida como Ley Bases, por constituir una “declaración de emergencia ilimitada para todas las materias, sin sustento fáctico”.
Contexto del conflicto laboral
La situación en el INV ha estado marcada por tensiones laborales, que se intensificaron tras la trágica muerte de Ernesto Carreras, un trabajador de 30 años de antigüedad en la institución, quien falleció tras descompensarse durante una protesta en contra de las medidas de ajuste. Este evento ha aumentado la indignación entre los trabajadores, quienes ven en estas políticas una amenaza a sus derechos y a la estabilidad del organismo.
La resolución del Juzgado Federal N° 2 se produce en un momento en que el Gobierno intenta implementar políticas de austeridad que afectan a diversos sectores públicos. La ATE ha sido vocal en su oposición, argumentando que estas medidas no solo perjudican a los trabajadores, sino que también comprometen la calidad y la sostenibilidad de los servicios ofrecidos por instituciones como el INV, que desempeñan un papel crucial en la economía vitivinícola del país.
Reacciones ante la decisión judicial
La decisión del tribunal ha sido recibida con satisfacción por parte de los trabajadores del INV y sus representantes, quienes consideran que se trata de un paso en la dirección correcta para proteger sus derechos laborales. Desde la ATE, se ha afirmado que continuarán luchando contra cualquier intento de desmantelar las instituciones públicas y que esta victoria judicial es un claro mensaje a las autoridades sobre la necesidad de respetar los derechos de los trabajadores.
En un contexto en el que la política económica del Gobierno de Milei es objeto de creciente controversia y oposición, esta suspensión del ajuste en el INV podría marcar un precedente en la defensa de los derechos laborales en Argentina. La ATE ha anunciado que seguirán vigilantes ante cualquier intento futuro que atente contra la estabilidad laboral y la función pública.
