El presidente de Bolivia, Luis Arce, está siendo investigado por un caso que podría acarrear graves consecuencias personales y políticas. La denuncia, interpuesta por Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), alega abandono de mujer embarazada y omisión de asistencia familiar. Lafuente asegura que Arce niega la paternidad del bebé que nació en diciembre del año pasado, como resultado de su relación sentimental.
El pasado jueves, Arce se presentó ante la Fiscalía de Cochabamba, donde se interpuso la denuncia. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó que el caso se encuentra bajo reserva desde su presentación a finales de agosto, a solicitud de la demandante. Sin embargo, Lafuente ha solicitado que se levante esta confidencialidad, argumentando que la información ha sido filtrada por funcionarios del Ministerio Público.
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Lafuente, quien es abogada de profesión, afirmó que conoció a Arce cuando trabajaba como asesora legal del ministerio de Justicia en La Paz, pero su relación no comenzó hasta 2023, después de que ella dejara la dirección de la AJAM. Se quedó embarazada en abril de 2024 y notificó al presidente al día siguiente, aunque él cuestionó su paternidad y evitó cualquier contacto posterior. “Nos dejó en un abandono absoluto durante el embarazo. Fueron ocho meses de gestación porque mi hijo nació prematuramente. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de apoyo moral ni económico”, relató.
Arce ha mantenido una postura escueta ante la prensa, asegurando que se defenderá “con toda la normativa legal que corresponde y con abogados particulares, porque se trata de un tema personal”. La prueba de ADN para confirmar la paternidad, que debía realizarse esta semana, fue suspendida. Lafuente denunció que la convocatoria de la Fiscalía era para los tres implicados, pero el presidente no estaba presente, lo que generó más tensión en el proceso.
Influencia y manipulación
Las sospechas de influencias de poder han llevado a la defensa de Lafuente a exigir la presencia de un perito para garantizar que no haya manipulación en la prueba de ADN. La exdirectora del AJAM ha expresado que enfrentarse a “el hombre más poderoso del país” le ha acarreado violencia social y económica. “En la última reunión que tuvimos en julio de 2024, le pedí que asumiera su responsabilidad como padre. Se valió de su cargo para decirme que mientras sea presidente nunca iba a tener trabajo en el Gobierno”, declaró.
Este no es el primer escándalo que rodea a Arce, quien está casado y tiene tres hijos. En octubre del año pasado, una mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual y hostigamiento por parte del presidente para que abortara. En esa ocasión, la denunciante afirmó que no era la única víctima y que había otras seis mujeres que habían sido silenciadas por él. Este caso perdió fuerza cuando adquirió un tinte político, pues fue respaldado por diputados afines a Evo Morales, en un contexto de confrontación entre el exmandatario y Arce.
La situación de Lafuente también ha sido motivo de controversia en los medios. Se vio obligada a renunciar a su cargo en la AJAM tras verse envuelta en un escándalo por la designación y destitución arbitraria de varios funcionarios. En el actual proceso judicial, ella exige una pensión mensual cercana a 1 150 dólares. Se prevé que la declaración de testigos tenga lugar en los próximos días y que este caso continúe desarrollándose en un ambiente de gran tensión social y política en Bolivia.
