La investigación abierta contra Begoña Gómez por presunta malversación relacionada con el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa está a punto de alcanzar un desenlace significativo. Tanto la Fiscalía como las defensas han instado al juez Juan Carlos Peinado a que archive la causa, mientras que las acusaciones populares siguen insistiendo en la necesidad de citar a declarar nuevamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Fuentes jurídicas indican que durante la comparecencia celebrada el pasado sábado, según lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, el Ministerio Público y los abogados de Gómez, Álvarez y Francisco Martín Aguirre —delegado del Gobierno en Madrid y también investigado— coincidieron en que los hechos no constituyen delito. Todos ellos solicitaron el archivo de la pieza separada abierta hace seis meses.
Desarrollo del caso y comparecencias
El juez Peinado transformó estas diligencias para que, en caso de continuar, el procedimiento se dirima ante un jurado popular y no un tribunal de jueces. Sin embargo, ni Gómez ni los otros dos investigados se presentaron ante el juzgado, delegando su representación en sus letrados. A pesar de esta ausencia, se activó el dispositivo de seguridad habitual que acompaña las comparecencias de la esposa del presidente.
Las defensas justificaron la falta de presencia de los investigados al citar una circular de la Fiscalía de 1995, que establece que en este tipo de vistas no es imprescindible la presencia personal de los acusados, dado que el objetivo es únicamente concretar los términos de la imputación. El abogado de Gómez destacó ante los medios que no existía obligación legal de que su clienta asistiera al juzgado ni de comunicar su ausencia con antelación al magistrado.
Reacciones y próximos pasos
El abogado también subrayó que la petición de archivo se basa en la ausencia de indicios de delito en los hechos investigados. Mientras tanto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado que se cite nuevamente como testigos a Sánchez y a Bolaños, convencidas de que su testimonio podría arrojar luz sobre el nombramiento de Álvarez y las funciones que desempeñó en relación con Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
La causa, que lleva medio año abierta, busca aclarar si existió desvío de fondos públicos en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si parte de su trabajo estuvo vinculado a actividades privadas en beneficio de la esposa del presidente del Gobierno. La situación se encuentra ahora en un punto de inflexión, donde la decisión del juez será crucial para el futuro del caso.
