La Audiencia de Granada juzgará el próximo 7 de octubre a una banda organizada compuesta por cinco ciudadanos rumanos acusados de perpetrar dos robos en las instalaciones de Emasagra, la empresa pública encargada del suministro de agua en Granada. La Fiscalía ha presentado un escrito provisional de acusación que detalla los hechos ocurridos el 30 de enero de 2023, cuando los acusados accedieron a la sede de Emasagra en el Camino de Purchil, rompiendo una alambrada para llegar a las bobinas de cobre de la depuradora principal.
En el primer asalto, la banda sustrajo material valorado en algo más de 1 000 euros, pero causó daños que ascienden a casi 40 000 euros, afectando así a un servicio público esencial. Este primer robo fue seguido por un segundo intento, cuando el grupo regresó a las instalaciones durante la madrugada, esta vez con bidones vacíos para robar combustible de los camiones allí estacionados.
Operativo policial y consecuencias legales
El segundo asalto fue frustrado por un vigilante de seguridad que alertó a la Policía Nacional y proporcionó información sobre la matrícula y el modelo de la furgoneta utilizada por los delincuentes. Tras un operativo, los agentes localizaron el vehículo y dieron el alto al conductor. Sin embargo, este hizo caso omiso a las indicaciones policiales, conduciendo de manera temeraria y saltándose semáforos, lo que puso en riesgo la vida de otros conductores y peatones.
Otras patrullas lograron detener el vehículo y arrestar al conductor, así como a los demás miembros de la banda, quienes se encontraban escondidos en la parte trasera bajo mantas. La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de robo con fuerza en instalaciones públicas, solicitando una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para cada uno de los acusados. Además, el conductor enfrenta un año adicional de prisión por conducción temeraria y la inhabilitación para conducir durante cuatro años.
Este caso no solo pone de manifiesto la problemática del robo de materiales en instalaciones públicas, sino que también resalta los riesgos asociados a la delincuencia organizada en la región. La próxima vista judicial se espera con gran interés por parte de la comunidad local y de los medios, que seguirán de cerca el desarrollo de este juicio.
