El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado que el castellano debe ser un requisito para los inmigrantes que deseen obtener la residencia en España, mientras que ha menospreciado la importancia del catalán en este contexto. Esta afirmación surge en el marco de un plan presentado por el Partido Popular (PP) durante el fin de semana, el cual busca «poner orden» en la inmigración a través de un sistema de «visado por puntos».
En una entrevista concedida a Onda Cero, Moreno enfatizó que el conocimiento del castellano es fundamental para facilitar la integración de los inmigrantes en la sociedad española. «Nosotros tenemos una lengua universal como el castellano, que es importante conocerla», sostuvo, diferenciando así la situación de Cataluña, donde coexisten dos lenguas oficiales.
Críticas a las propuestas del PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha manifestado al respecto, afirmando que «la inmigración hispana no es inmigración», a pesar de lo que indiquen los documentos oficiales. Ayuso advirtió que es esencial que todos los inmigrantes lleguen con un permiso laboral y no sean considerados simplemente como mano de obra. En sus declaraciones, subrayó que «solo se está pidiendo que contribuyan» y expresó su preocupación por aquellos que reciben ayudas sin buscar empleo.
Estas afirmaciones han suscitado la respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz. La ministra ha afirmado que el 83% de los hogares que reciben el ingreso mínimo vital son españoles, desmitificando así la idea de que los inmigrantes son una carga para el sistema. Saiz recordó que para acceder a prestaciones como el ingreso mínimo vital es necesario tener «residencia legal de más de un año en España».
Reacciones políticas y el impacto de Vox
Ministros del Gobierno español han criticado las propuestas del PP, sugiriendo que se alinean con la ideología de Vox. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, calificó de «ocurrencia» la idea del visado por puntos y advirtió que los derechos humanos de los inmigrantes no deben ser utilizados como «moneda de cambio» en una batalla ideológica. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, advirtió que esta estrategia podría favorecer el crecimiento de Vox.
Desde la formación Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, declaró que la iniciativa del PP es contraria a la Constitución y pidió que se acelere la regularización de 500 000 migrantes que se encuentran en tramitación en el Congreso.
A pesar de la presión de Vox, Ayuso defendió que sus afirmaciones son correctas y que no se puede vivir en función de las críticas ajenas. Por su parte, Juanma Moreno expresó su preocupación por el auge de la extrema derecha en Europa, afirmando que es crucial abordar la inmigración de manera ordenada para evitar la creciente xenofobia en el país. «Debemos cortar de pura cepa el eje de referencia de algunas fuerzas políticas para ganar votos con la inmigración», concluyó Moreno.
