La Audiencia Nacional ha decidido anular la inhabilitación de dos años impuesta a Pedro Rocha, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Esta resolución fue dictada por el magistrado del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 2, Luis Alfredo de Diego y Díez, quien ha considerado que la sanción era «contraria a derecho».
En su sentencia, el juez ha ordenado que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la sanción para que el TAD valore las alegaciones y pruebas presentadas por Rocha, permitiéndole así resolver con libertad de criterio, pero conforme a derecho. La inhabilitación fue impuesta en julio de 2024 por una infracción considerada muy grave de abuso de autoridad, además de una multa de 33 055 euros.
Detalles de la sentencia
Pedro Rocha había recurrido la decisión del TAD, argumentando que la resolución era «contraria a derecho» y que existían motivos de nulidad tanto formales como de fondo. Entre sus alegaciones, Rocha sostenía la «inexistencia de la infracción» y la «falta de culpabilidad», además de solicitar una rebaja «sustancial» de las sanciones, las cuales consideraba «desproporcionadas».
El juez subraya en su fallo que el TAD no analizó adecuadamente las alegaciones y pruebas presentadas por Rocha, las cuales fueron remitidas legalmente en tiempo y forma. Esta falta de consideración en el análisis de las pruebas ha sido un factor crucial en la decisión de anular la inhabilitación.
Repercusiones en el deporte español
La anulación de la inhabilitación de Pedro Rocha puede tener un impacto significativo en la estructura de la RFEF y en el ámbito deportivo español en general. Rocha, que ocupó la presidencia de la RFEF hasta su inhabilitación, ha sido una figura controvertida en el fútbol español, y su regreso a la primera línea podría generar un nuevo debate sobre la gobernanza y la transparencia en el deporte.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional reafirma la importancia de los procedimientos legales adecuados y el derecho a una defensa justa en el ámbito administrativo, lo que podría sentar un precedente relevante para futuros casos en el deporte español.
