El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha declarado como «radicalmente nula» la tasa de basuras y la ordenanza de recogida de residuos aprobada por el Ayuntamiento de León a finales de 2024. Esta decisión, que no será apelada, ha dejado al equipo de gobierno en una situación complicada, con una oposición que exige la dimisión del concejal de Hacienda, aunque desde el Ayuntamiento se ha afirmado que «nadie debe asumir responsabilidades» políticas al respecto.
Consecuencias económicas y administrativas
El portavoz del grupo municipal, Vicente Canuria, ha señalado en el último pleno que se está a la espera de una decisión del equipo jurídico y económico para determinar el siguiente paso tras la sentencia. Aunque reconoció que la anulación de la ordenanza no es satisfactoria, el Ayuntamiento ha decidido devolver los recibos de 2025 que ya habían sido girados, lo que implica un gasto extraordinario para procesar los nuevos recibos a través de Correos. Este proceso generará un ajuste en las cuentas municipales que el alcalde cifra en «alrededor de medio millón de euros».
La recaudación prevista, que se esperaba alcanzar los 11,6 millones de euros, se ve comprometida tras la sentencia del TSJ, ya que el último ejercicio recaudó 11,1 millones de euros. Sin embargo, el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, había informado anteriormente que la recaudación real fue de 9,3 millones de euros, lo que sugiere un desfase estimado de 2,3 millones de euros y un incremento del 26% en la factura, algo que ha sido denunciado por el Partido Popular.
Controversia sobre la ordenanza
La polémica en torno a esta ordenanza no es nueva. La UPL apoyó su aprobación, mientras que tanto el Partido Popular como Vox la han criticado. La ley que obligaba a su revisión fue llevada a comisión la misma semana de su aprobación, resultando en su eventual anulación por un defecto de forma, dado que no cumplía con el plazo de 30 días de exposición pública. El tribunal ha recriminado la rapidez con la que se avanzó en el trámite, lo que ha añadido más tensión a la ya complicada situación política del Ayuntamiento de León.
La anulación de esta tasa de basuras representa un importante revés para las arcas municipales y plantea interrogantes sobre la gestión financiera del equipo de gobierno, que deberá afrontar las consecuencias de esta decisión judicial en un contexto de creciente presión política.
