El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha confirmado este viernes que el Gobierno del presidente Donald Trump tiene la autoridad para cancelar el estatus de protección de aproximadamente 300.000 venezolanos, lo que podría dar lugar a su deportación. Esta decisión es un eco de un fallo emitido por la Corte Suprema en mayo y responde a la solicitud de la Administración estadounidense tras una resolución desfavorable de un tribunal inferior.
La sentencia establece que, a pesar de los cambios en la situación procesal del caso, los argumentos legales presentados no han variado. “El mismo resultado que alcanzamos en mayo es apropiado aquí”, señala el fallo del Supremo.
En respuesta a esta decisión, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha expresado su preocupación y ha instado a Washington a reconsiderar su política migratoria para permitir que los venezolanos que “se vieron forzados a emigrar” a Estados Unidos puedan permanecer en el país de manera legal.
“Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reiteramos la solicitud de que el Gobierno de Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas”, han declarado en un mensaje en la red social X.
Las implicaciones del fallo del Tribunal Supremo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. ha defendido que, como su nombre indica, el Estatus de Protección Temporal (TPS) “siempre se supuso que sería solo eso, temporal”. La secretaria Kristi Noem ha señalado que las reformas en materia migratoria impulsadas por el Gobierno de Trump buscan “restaurar” el sistema migratorio estadounidense para que beneficie realmente a sus ciudadanos.
“No podemos permitir que administraciones anteriores abusaran y deformaran el TPS hasta convertirlo en un programa de amnistía de facto”, ha afirmado Noem en un comunicado divulgado el viernes. Desde su perspectiva, la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses es la prioridad.
A principios de este año, Noem había decidido poner fin al TPS para los migrantes venezolanos antes del plazo establecido por su predecesor, Alejandro Mayorkas, durante el mandato de Joe Biden. En marzo, un juez federal había frenado las intenciones de la Administración Trump, pero en mayo, la Corte Suprema respaldó a Noem. Esto abrió la puerta a posibles expulsiones de venezolanos.
El juez federal del distrito norte de California, Edward Chen, quien se opuso a la decisión, volvió a emitir a finales de agosto un fallo que cuestionaba la revocación del TPS. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha respaldado nuevamente al Gobierno estadounidense, permitiendo que continúe la revocación del estatus de protección.
Consecuencias para la comunidad venezolana en EE.UU.
La política migratoria de Biden, que facilitaba que los venezolanos pudieran beneficiarse de una protección específica hasta octubre de 2026, permitía trabajar legalmente en Estados Unidos y les protegía de deportaciones inminentes. Según los planes de Trump, el TPS había de concluir para Venezuela el pasado 7 de abril de 2023.
Tres magistrados liberales del Tribunal han expresado su desacuerdo con la sentencia, y la jueza Ketanji Brown Jackson ha calificado esta decisión como “otro grave abuso de nuestro expediente de emergencia”, denunciando que se permita al Gobierno de Trump alterar “la vida de tantas personas como sea posible, lo más rápido posible”.
Con este fallo, se abre un nuevo capítulo en la política migratoria de EE.UU. y se pone en jaque el futuro de cientos de miles de venezolanos que han buscado refugio en el país. La situación sigue siendo tensa y la comunidad migrante observa con preocupación los próximos pasos de la Administración Trump respecto a su estatus y derechos en suelo estadounidense.
