El PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid ha revelado que el director de Coordinación de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, conocido como el «alcalde B», ha tenido «apenas actividad» a pesar de su elevado coste para las arcas municipales, que asciende a 156.000 euros anuales y 627.048 euros durante todo el mandato. Esta crítica surge tras solicitar información al consistorio y constatar que su contribución es «irrelevante para la ciudad».
En un comunicado oficial, los socialistas afirman que la documentación proporcionada por el equipo de Gobierno llegó «fuera de plazo», el mismo día del pleno donde se debía debatir una moción que fue vetada por el alcalde Jesús Julio Carnero. Tras analizar el contenido, el PSOE sostiene que «confirma las tesis» que han defendido desde la creación del cargo, evidenciando que los documentos apenas acreditan la presencia de Escudero en reuniones clave.
Críticas a la gestión y coste del cargo
El análisis realizado por el PSOE apunta a que no existe ninguna iniciativa estratégica propia, programas impulsados o evaluaciones de políticas públicas que se puedan atribuir a su labor en el puesto. Además, lamentan que Carnero no haya proporcionado los planes directores o programas que permitan valorar la utilidad real de este cargo, algunos de los cuales «ni siquiera existen».
Según el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, «lo poco que el alcalde se ha atrevido a entregar confirma lo que venimos diciendo desde hace dos años». Asegura que este puesto no aporta nada sustancial a la ciudad, describiendo su actividad como «prácticamente inexistente» y su función como «puramente decorativa».
El partido también ha recordado que el cargo fue creado de forma ilegal, tal como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras aceptar un recurso presentado por los socialistas. Esta sentencia destacó que la irregularidad no recaía tanto en el puesto en sí, sino en su proceso de creación, que se efectuó antes de la necesaria modificación del Reglamento Orgánico.
Consecuencias de la inacción
A pesar de la sentencia, el PSOE ha denunciado que Carnero decidió mantener el puesto, lo que consideran un hecho «inédito en la historia del Ayuntamiento». Además, critican que el alcalde haya modificado el Reglamento Orgánico de manera «precipitada y sin consenso» para otorgar legalidad a un cargo que, según ellos, no la tenía.
El coste del puesto, que supera los 627.000 euros durante el mandato, es «injustificable» a la vista de los resultados aportados. Herrero subraya que Carnero no solo crea un cargo declarado ilegal, sino que también lo blinda frente al control político. «Después de gastar más de 300.000 euros en dos años, la ciudad no ha obtenido ningún beneficio concreto», ha enfatizado.
Asimismo, el PSOE sostiene que la presencia de este puesto en el organigrama municipal «dificulta la coordinación interna, distorsiona el funcionamiento y genera desorden en la gestión». Por ello, exigen que Carnero explique de inmediato por qué mantiene un puesto que cuesta más de 156.000 euros anuales a los vallisoletanos, subrayando que su única función ha sido servir de refugio político a un nombramiento «a dedo».
