La reciente regulación que establece un calendario para los traslados de menores migrantes ha sido aprobada con la intención de descongestionar los centros de acogida, pero su implementación se enfrenta a serias dificultades que la hacen insostenible. La fiscal responsable del tema ha señalado con claridad que «esto, en quince días, no está hecho», evidenciando que el plazo estipulado se evapora antes de que el proceso dé inicio.
Las etapas del procedimiento, que incluyen la llegada de los menores, su identificación, la apertura del expediente y la intervención de la Fiscalía, son complejas y demandan un tiempo que supera lo previsto. La normativa, en vez de ofrecer soluciones prácticas, parece diseñada más para generar titulares que para abordar la realidad. Este enfoque ha llevado a que los menores se encuentren en un limbo administrativo, una situación que no solo es ineficaz, sino que también resulta profundamente injusta.
El coste humano de la burocracia
Los menores migrantes, a menudo sin documentación y con barreras lingüísticas, llegan a España en situaciones vulnerables. Sin embargo, la ley exige que todo se resuelva en un plazo de dos semanas, lo que ha provocado un colapso en los recursos disponibles. La prueba de edad, fundamental para determinar su estatus, puede tardar semanas o incluso meses en realizarse, lo que deja a cientos de jóvenes en una situación de incertidumbre.
La fiscal Farnés ha advertido que el sistema no puede funcionar si las leyes se redactan sin tener en cuenta la lógica del proceso. Este tipo de incoherencia no solo se limita al ámbito migratorio; también afecta a áreas como la ley de dependencia, los plazos judiciales y las metas climáticas, donde las promesas legales a menudo no se pueden cumplir. España se encuentra atrapada en lo que se ha denominado una verdadera «diarrea legislativa», donde la producción de normas es tan frenética que ni ciudadanos ni administraciones pueden seguir el ritmo.
El deterioro de la confianza en las instituciones
Este exceso normativo ha generado un descontento creciente entre la población, que se siente rodeada de leyes que no comprenden ni respetan. En lugar de actuar como guías de conducta, las normas se han convertido en un decorado institucional, manteniendo una ficción que se sostiene por inercia. La sensación de que el sistema legislativo puede seguir aprobando leyes que son inviables sin consecuencias ha erosionado la confianza en el Estado.
La lejanía entre lo que la norma exige y lo que la vida real permite se ha convertido en un abismo. Cuando las leyes se redactan sin un respeto adecuado por la realidad, dejan de ser herramientas de orden y se transforman en simulacros morales. La situación actual demanda una reflexión profunda: España no necesita más leyes, sino mejores leyes, que sean menos solemnes y más útiles.
El caso de los menores migrantes es solo un ejemplo de una problemática más amplia: la tendencia a legislar sin la debida consideración de las implicaciones prácticas. Cada vez que una ley nace sin posibilidad de cumplirse, se debilita la noción misma de legalidad, y con ella, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
