A partir de este jueves, los proveedores de servicios de pago en los Estados miembros de la Unión Europea que utilizan el euro deberán implementar nuevas medidas de verificación de identidad en las transferencias bancarias. Esta normativa se enmarca dentro del reglamento sobre transferencias inmediatas y servicios financieros, una legislación que comenzó a aplicarse de manera escalonada desde enero de 2025.
Las entidades que realizan el envío de dinero deberán incluir una doble verificación tras que el cliente introduzca el número IBAN del destinatario. En esta nueva fase, se preguntará al cliente si el IBAN corresponde al nombre de una persona específica, un cambio significativo respecto al proceso anterior en el que el ordenante introducía tanto el IBAN como el nombre del destinatario.
Detalles adicionales sobre la normativa
Desde enero de 2025, la ley también ha establecido que los bancos y servicios de pago no pueden cobrar más por las transferencias inmediatas que por las ordinarias. Esta normativa está diseñada para garantizar que las transferencias se realicen las 24 horas del día, todos los días del año. Además, el tiempo de transferencia no debe exceder los 10 segundos desde que se envía el dinero hasta que llega al beneficiario.
La normativa afecta a los servicios de pago de entidades bancarias y a sus aplicaciones móviles, así como a entidades de dinero electrónico como PayPal y Revolut. Sin embargo, servicios como Bizum están exentos, ya que ya ofrecen envíos instantáneos de forma gratuita, aunque con un límite de importe.
Impacto y futuras implementaciones
Uno de los objetivos clave de esta norma es que los bancos no puedan cobrar a los clientes por las transferencias inmediatas si no lo hacen por las ordinarias, que suelen tardar entre 24 y 48 horas. A partir de 2027, las medidas de verificación de identidad y la posibilidad de efectuar transferencias inmediatas se ampliarán a proveedores de servicios de pago en Estados miembros que no utilizan el euro, incluyendo Bulgaria, Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia.
Los reglamentos de la Unión Europea se aplican de manera directa y no requieren que los Estados miembros los incorporen a su legislación nacional, lo cual proporciona un marco normativo más uniforme. En general, el 95% de las normas aprobadas en la UE son reglamentos, lo que limita la flexibilidad de los países en su implementación.
