El Gobierno de España ha anunciado su intención de establecer un número mínimo de docentes especializados que deberán estar presentes en las escuelas para brindar apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales. Este grupo incluye a estudiantes con discapacidad física, intelectual o sensorial, así como aquellos con trastornos severos como el autismo. Sin embargo, no se contemplarán a los alumnos económicamente vulnerables ni a aquellos con dificultades de aprendizaje como la dislexia.
En la actualidad, el número de especialistas, que incluye los de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, es determinado por cada comunidad autónoma. Con el nuevo proyecto legislativo que está preparando el Ministerio de Educación, se espera que sea el Gobierno quien regule este número de manera uniforme a nivel estatal. Tal y como ha indicado el secretario de docentes de la educación pública no universitaria de CCOO, Héctor Adsuar López, este es un paso significativo en la búsqueda de una educación más inclusiva.
Impulso hacia una educación inclusiva
Según un informe de CCOO, el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado en un 75,2% en los últimos seis años, alcanzando la cifra de un millón de estudiantes. Para poder atender adecuadamente a este colectivo, se estima que es necesaria una inversión de 5 126 millones de euros por parte de todas las administraciones educativas. El proyecto de ley también incluye una reducción en las ratios de alumnos por aula, una de las principales reivindicaciones del sector educativo.
Las clases de educación primaria no podrán exceder los 22 alumnos, mientras que en la educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato se establece un máximo de 25 alumnos. Los estudiantes con necesidades educativas especiales contarán como dos para el cálculo de ratios, una medida que entrará en vigor el próximo curso tras su aprobación en el Parlamento español.
Propuestas adicionales del anteproyecto
El anteproyecto de ley también contempla una reducción de las horas lectivas, limitando el horario de docencia a un máximo de 23 horas para educación infantil, primaria y educación especial, y 18 horas para el resto de la enseñanza no universitaria. Esta reducción se aplicará a partir del próximo curso y tiene como objetivo aliviar la carga de trabajo de los docentes.
A pesar de los avances, el texto no incluye la disminución de ratios en formación profesional (FP), que actualmente se sitúa en 20 alumnos para grado básico y 25 alumnos para grado medio, a pesar de las peticiones de los docentes para que se establezcan 15 y 20 alumnos respectivamente.
La próxima reunión entre el Ministerio de Educación y los sindicatos, que aún no tiene fecha fijada, se llevará a cabo en un contexto de mesa sectorial, lo que permitirá una mayor formalidad en la discusión de estos temas. Una vez que el texto obtenga el visto bueno del Consejo de Ministros y otras instituciones, será enviado al Congreso y al Senado para su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor.
