Un tribunal de apelaciones en Francia ha dictado una sentencia a favor de un empleado despedido tras haber denunciado un robo en su lugar de trabajo. Los hechos se remontan a mayo de 2022 en una fábrica ubicada en el norte de Francia, donde un trabajador del turno de noche observó a un compañero salir con barras de metal. Convencido de que se trataba de un robo, alertó a su jefe de equipo, quien le aseguró que la recuperación del metal había sido autorizada para llevarlo al contenedor.
A pesar de la aclaración, el empleado decidió escalar la situación contactando directamente al jefe de la fábrica, describiendo la situación como un «robo», según informa el medio francés Figaro Emploi. Esta acción, lejos de resolver el problema, le trajo serias consecuencias.
El jefe de equipo recriminó al denunciante por su llamada, considerándola «inoportuna». Posteriormente, el empleado y el acusado se encontraron, lo que desencadenó una pelea. Días después, el trabajador que había presentado la denuncia recibió una carta de despido por falta grave, acusándolo de provocar la pelea y de ignorar las instrucciones de la gerencia.
El caso fue llevado ante un tribunal laboral en la primavera de 2023, donde se consideró inicialmente justificado el despido. Sin embargo, el empleado tuvo que pagar 1 500 euros a su antiguo empleador, lo que lo llevó a apelar la decisión.
El abogado del denunciante argumentó en el Tribunal de Apelaciones que la denuncia fue realizada de buena fe y que estaba amparada por la libertad de expresión, garantizada por el Código Laboral francés. «El empleado conserva su libertad de expresión, salvo en casos de abuso. Es decir, a menos que haga comentarios insultantes, difamatorios o excesivos. En este caso, simplemente expresó sus dudas, sin intención de causar daño. Este tipo de decisión sirve como recordatorio de que un informe justo, aunque sea torpe, no debe utilizarse en contra de quien lo presenta», explicó el abogado laboral.
Finalmente, el tribunal concluyó que no existían pruebas de intención de causar daño por parte del empleado. Así, determinó que el despido se había producido sin causa real y grave. Como resultado, la empresa fue condenada a indemnizar al exempleado con un total de 25 480 euros: 5 771 euros en concepto de preaviso, 577 euros por vacaciones retribuidas, 6 132 euros como indemnización por despido, 10 000 euros en daños y perjuicios y 3 000 euros en costas judiciales.
Este caso destaca la importancia de la protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad de garantizar un entorno laboral donde se fomente la denuncia de irregularidades sin temor a represalias.
