La Audiencia Provincial de Tarragona está evaluando los argumentos presentados por Equipo Económico, actualmente conocido como Global Afteli, en un intento por anular la causa abierta en su contra. Este procedimiento se inició en 2018 y ha sido objeto de una investigación secreta durante siete años, la cual saltó a la luz el verano pasado con la imputación de varios ex altos cargos de Hacienda, incluido el exministro del PP, Cristóbal Montoro.
Los responsables de Equipo Económico, representados por el abogado Carlos Luis Rubio, han enviado a la Audiencia sus alegaciones, que se basan en un recurso de apelación presentado por Santiago Menéndez, quien fue director general de la Agencia Tributaria durante la administración de Montoro. En total, se han expuesto hasta 96 alegaciones agrupadas en cuatro argumentos centrales, los cuales cuestionan la legalidad de la investigación llevada a cabo por el juez Rubén Rus.
Cuestionamientos sobre la competencia judicial
La defensa sostiene que la investigación se realizó de manera irregular, señalando que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona carecía de competencia para llevar a cabo dichas pesquisas, las cuales fueron atribuidas a un cuerpo policial que también sería incompetente. Según sus argumentos, estas irregularidades vulneran el secreto de las comunicaciones y afectan los derechos de los investigados.
Las alegaciones apuntan a que los supuestos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública y tráfico de influencias, entre otros, se habrían cometido en Madrid, donde se encuentran las entidades implicadas y donde supuestamente se llevaron a cabo las negociaciones corruptas. La defensa argumenta que un juez incompetente ha estado instruyendo la causa durante siete años, lo que debería llevar a la nulidad de todo lo actuado hasta la fecha.
Defensa de la actividad del despacho
En respuesta a las acusaciones, Equipo Económico defiende que su actividad era legítima, señalando que es normal que los sectores interesados dirijan sugerencias a los funcionarios encargados de la elaboración de normas. Según la defensa, esta interacción es parte del proceso legislativo y no debe considerarse como un acto de corrupción.
Además, subrayan que la investigación por parte de los Mossos d’Esquadra se realizó sin el debido control judicial y que se llevaron a cabo indagaciones paralelas que vulneraron derechos fundamentales, como el de la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Esta situación ha generado preocupación entre los implicados, quienes esperan que la Audiencia resuelva sobre la competencia y la legalidad de las acciones llevadas a cabo hasta el momento.
En resumen, la Audiencia de Tarragona se encuentra en una encrucijada, ya que debe decidir si las alegaciones presentadas por Equipo Económico tienen fundamento suficiente para anular la causa y si la investigación realizada por el juez Rus y los cuerpos policiales es válida. La resolución de este caso podría tener importantes repercusiones tanto para los acusados como para el sistema judicial español.
