La Diputación de Cádiz ha ampliado su red de entidades de intervención social beneficiarias de su línea de ayudas, aumentando también la partida presupuestaria destinada a este fin. En la resolución publicada en su tablón de anuncios, se detalla que, por primera vez, las ayudas se han decidido mediante un proceso de concurrencia competitiva, en lugar de a través de subvenciones nominativas, buscando así una mayor transparencia y un alcance más amplio.
Según informa el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, un total de 187 entidades tendrán acceso a recursos económicos, de las cuales 102 son nuevas, es decir, no habían recibido ayudas en 2024. La diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa, ha expresado su satisfacción por la respuesta a esta convocatoria, que permitirá distribuir más de 1,5 millones de euros para realizar proyectos o mejorar equipamientos sociales.
Detalles de la convocatoria y distribución de fondos
Este nuevo modelo de ayudas no solo incrementa la cantidad de recursos disponibles, sino que también garantiza una competencia más justa entre las entidades. Anteriormente, la Diputación concedía aproximadamente un millón de euros mediante resoluciones nominativas a colectivos sociales. Conesa resaltó que este incremento es un compromiso de la presidenta Almudena Martínez, quien ha apostado por un enfoque más inclusivo y transparente.
En total, se han concedido 277 ayudas, distribuidas en dos líneas que no se excluyen entre sí. Esto ha permitido que cerca de un centenar de organizaciones no gubernamentales accedan a ambas líneas de financiación. La primera línea se destina a proyectos de intervención social que cubren gastos corrientes y de funcionamiento, mientras que la segunda se enfoca en inversiones, adquisición de equipamiento o mejoras en las sedes sociales. La línea 1 ha beneficiado a 167 entidades con un importe de 1 443 172,41 euros, mientras que la línea 2 ha otorgado fondos a 110 organizaciones por un total de 107 878,48 euros.
Impacto en la comunidad y evaluación de proyectos
Las ayudas han sido otorgadas a colectivos que apoyan a familiares de personas con enfermedades, discapacidad física o psíquica, drogodependencia y adicciones, así como a aquellos que trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad social y atención a personas mayores. Paula Conesa ha subrayado que esta convocatoria refleja «un estilo de hacer política de cercanía, en el que cada persona cuenta», poniendo las políticas sociales en el centro de la gestión, dado que representan el 31% del presupuesto de la Diputación.
La comisión evaluadora de los proyectos ha tenido en cuenta diversos aspectos cruciales, como la idoneidad técnica, el carácter innovador, la singularidad, la consolidación en el tiempo, el número de beneficiarios, la generación de empleo, el alcance geográfico, la pertenencia a organismos federados y la inclusión de la perspectiva de género. Este enfoque integral busca maximizar el impacto social y económico de las ayudas, garantizando así que los recursos se utilicen de la manera más efectiva posible.
