El Senado de Estados Unidos, bajo control republicano, ha rechazado este jueves una resolución bipartidista que prohibiría al presidente Donald Trump llevar a cabo acciones militares en Venezuela sin la aprobación del Congreso. La votación, que finalizó con un resultado de 51 a 49, refleja la alineación de los legisladores con las directrices de sus respectivos partidos, con solo dos senadores republicanos apoyando la propuesta.
La resolución fue redactada por los senadores Tim Kaine y Adam Schiff, junto con el republicano Rand Paul, y representaba el segundo intento de forzar a la Casa Blanca a buscar el permiso del Congreso para actuar en el país sudamericano. El primer intento había fracasado en octubre. Esta votación se produjo un día después de que representantes del Gobierno informaran a un grupo de senadores sobre la falta de justificación legal para atacar objetivos en Venezuela.
En una sesión informativa clasificada, presidida por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, se admitió que la administración no tiene actualmente un fundamento legal para realizar ataques en territorio venezolano. Esta campaña militar ha resultado en la muerte de al menos 66 personas desde el 2 de septiembre, lo que ha llevado a numerosos analistas a calificarla de ilegal por no contar con la autorización del Congreso.
Según CNN, a pesar de esta admisión, el Gobierno estadounidense sigue buscando un argumento legal que le permita atacar objetivos en Venezuela sin necesidad de consultar al Congreso. El congresista Adam Smith, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, expresó su preocupación sobre la postura del presidente, señalando que «puede cambiar de opinión muy rápidamente».
Despliegue militar estadounidense en la región
La decisión del Senado llega en un contexto de escalada militar, ya que el portaaviones Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, se dirige hacia el Caribe. Se espera que se una a la docena de barcos que ya están en aguas internacionales frente a las costas venezolanas. Este despliegue permitirá que el 20% de los buques de guerra estadounidenses en el mundo se concentre en América Latina.
Trump no ha revelado sus verdaderas intenciones respecto a este despliegue militar, aunque se sospecha que podría optar por un ataque. Actualmente, el presidente juega una partida de ajedrez con Caracas, incrementando la presión militar mientras no toma decisiones definitivas. Reconoce haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA y ha afirmado que los días de Nicolás Maduro al frente de Venezuela están contados, pero se niega a confirmar si tiene planes de intervención.
La presión militar y psicológica sobre el régimen chavista ha sido objeto de análisis. John Walsh, director de políticas sobre drogas de la ONG Washington Office on Latin America (WOLA), afirmó que el objetivo de esta campaña es intimidar y lograr la caída del régimen de Maduro.
Legalidad y opinión pública
La administración republicana ha acusado a Maduro de ser uno de los líderes del cartel de los Soles y ha aumentado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. Sin embargo, una intervención en Venezuela podría violar el artículo 2-4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza en el territorio de un país soberano. La abogada Heather Brandon-Smith advirtió en una videoconferencia que tal acción constituiría una invasión ilegal.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió que las acciones de EE.UU. en aguas internacionales son legales, afirmando que Trump ha sido claro en su mensaje a Maduro: «dejen de enviar droga y criminales a nuestros países».
La situación sigue en un estado de incertidumbre, a la espera de la llegada del Gerald Ford y su grupo de apoyo, que no se anticipa antes de la próxima semana. Mientras tanto, Trump se trasladó a Miami, el centro de la oposición a Maduro en EE.UU., para participar en una reunión del Foro Empresarial Estadounidense, donde reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y los terroristas de los carteles.
La administración se enfrenta a un dilema: actuar y arriesgarse a un fracaso o mantener la presión sin intervención militar directa. En este complejo panorama, la opinión pública se mantiene dividida, con solo un 18% de los estadounidenses a favor del uso de la fuerza para derrocar a Maduro.
