Una operación conjunta entre agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo de la Policía Local de Valencia y técnicos de Iberdrola ha resultado en el corte del suministro eléctrico a varias viviendas okupadas en los barrios de Beteró, Malvarrosa y Casitas Rosa. Durante la intervención, se detectaron numerosas casas que carecían de contadores y estaban conectadas de manera fraudulenta a la red eléctrica, lo que representa un riesgo elevado de incendio.
Los agentes confirmaron que, tras una inspección exhaustiva, muchas de las viviendas estaban enganchadas de forma ilegal, lo que llevó a la decisión de cortar la luz en aquellas instalaciones que presentaban este uso irregular del fluido eléctrico. Este tipo de operativos se inscribe dentro de las labores de control y prevención de riesgos, buscando garantizar la seguridad de los vecinos.
Colaboración y prevención en la comunidad
El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, destacó la importancia de la colaboración entre la policía y las compañías eléctricas para identificar y eliminar estos puntos de enganche ilegal. Además, se enfatizó el trabajo conjunto con asociaciones de vecinos, que resulta crucial para detectar estas irregularidades y llevar a cabo las acciones necesarias para precintarlas.
Carbonell afirmó: “Estamos trabajando para acabar con los enganches ilegales y ocupaciones de viviendas que pueden provocar situaciones graves en comunidades de vecinos”. Esta estrategia busca no solo erradicar prácticas ilegales, sino también prevenir futuros incidentes relacionados con la seguridad ciudadana.
Impacto en la comunidad y antecedentes
Las autoridades locales han señalado que la intervención es especialmente relevante dado que existen antecedentes policiales de incendios en viviendas okupadas, lo que refuerza la necesidad de actuar de manera inmediata. “Este tipo de revisiones suele ser frecuente”, explicaron desde el Ayuntamiento, indicando que no es la primera vez que se llevan a cabo acciones de este tipo.
El operativo refleja el compromiso del consistorio por mejorar la seguridad en los barrios más afectados por estas ocupaciones, así como la disposición de la policía para trabajar en estrecha colaboración con la comunidad en la identificación de problemas de este tipo.
