La Comunidad de Madrid ha destapado uno de los mayores problemas urbanísticos de los últimos años: la proliferación de urbanizaciones ilegales en terrenos con alto riesgo de inundación. Según el balance del Plan de Vigilancia 2021-2024, el servicio de inspección urbanística ha detectado 5.334 hectáreas ocupadas irregularmente en 56 municipios, de las cuales 4.245 hectáreas se encuentran en las riberas de los principales ríos de la región.
El informe, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, pone de relieve que estas construcciones se concentran en zonas inundables del Tajuña, Jarama, Guadarrama y Tajo, y que representan “uno de los mayores desafíos en materia de disciplina urbanística”. La prioridad para el nuevo plan 2025-2029 será el desalojo progresivo de estos asentamientos por motivos de seguridad y de conservación ambiental.
Urbanizaciones ilegales junto a los ríos
Los datos son contundentes. Solo en la vega del Tajuña, entre Morata de Tajuña y Chinchón, se han localizado 2.712 hectáreas ocupadas de forma irregular. En la vega del Jarama, a la altura de Valdetorres del Jarama, Fuente El Saz y El Molar, hay otras 1.019 hectáreas afectadas, mientras que el Guadarrama suma más de 363 hectáreas en municipios como Arroyomolinos, Móstoles o Villaviciosa de Odón. Incluso el Tajo presenta 150 hectáreas con urbanizaciones ilegales en las zonas de Colmenar de Oreja y Aranjuez.
Los riesgos son evidentes. En marzo de este año, el desbordamiento del Guadarrama obligó a evacuar a unas 450 personas del asentamiento de Las Sabinas, entre Móstoles y Arroyomolinos, una zona que lleva años en proceso de desmantelamiento. “Este tipo de edificaciones en áreas inundables deben ser una prioridad absoluta”, concluye la memoria del plan, que hace referencia a las trágicas consecuencias de la última DANA registrada en Valencia.
Un nuevo plan para frenar la ocupación ilegal
El nuevo Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029 establece como objetivo principal intervenir sobre las construcciones situadas en suelos de especial protección. Desde la Consejería dirigida por Carlos Novillo destacan que el Gobierno regional quiere reforzar la “protección del medio ambiente y el cumplimiento de la legalidad urbanística”.
El plan contempla fotografía aérea, diagnósticos territoriales y expedientes sancionadores como principales herramientas de control. También incluye acciones formativas dirigidas tanto a técnicos municipales como a la ciudadanía, para concienciar de que levantar edificaciones en terrenos protegidos puede acarrear multas millonarias o incluso penas de cárcel.
Más de 1.900 inspecciones y 67 demoliciones
Entre 2021 y 2024, el servicio de inspección llevó a cabo 1.906 actuaciones para restablecer la legalidad urbanística. De ellas se derivaron 942 expedientes de diligencias previas, 143 procedimientos disciplinarios, 67 órdenes de demolición y 88 expedientes sancionadores. Las inspecciones se han concentrado en municipios donde la ocupación ilegal alcanza niveles preocupantes, como Chinchón o El Molar.
En Chinchón se realizaron 114 inspecciones que dieron lugar a 108 expedientes, mientras que en El Molar se han abierto 28 diligencias y se ejecutó una de las demoliciones más importantes en el paraje del Arroyo del Povo. Allí, la Comunidad invirtió más de 400.000 euros en la eliminación de naves y viviendas ilegales y en la restauración ambiental del entorno.
Recuperar el uso original del suelo
El propósito final del servicio de disciplina urbanística es devolver las zonas ocupadas a su función natural. “Los terrenos deben destinarse a los usos para los que fueron planificados, como la agricultura o la ganadería”, explican desde Medio Ambiente. Para ello, cada demolición va acompañada de un proceso de restauración ambiental que permite devolver al paisaje su equilibrio original.
Con más de 4.000 hectáreas afectadas y decenas de municipios implicados, la Comunidad de Madrid afronta ahora el reto de contener el avance de la urbanización ilegal y recuperar los espacios fluviales que forman parte del patrimonio natural de la región. Un trabajo complejo, pero necesario, para que la vivienda y el medio ambiente dejen de enfrentarse.
