La polémica sobre el monumento a los Héroes de España en Melilla

El debate sobre el monumento a los Héroes de España, ubicado en el centro de Melilla, ha resurgido con fuerza, generando tensiones políticas en la ciudad autónoma. Mientras que el Gobierno local lo considera una pieza patrimonial sin connotaciones ideológicas, el PSOE lo identifica como un símbolo de la dictadura franquista que debe ser retirado en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

Este conflicto se agrava en un contexto en el que el Gobierno central está ultimando la publicación de un catálogo oficial de símbolos franquistas que deberán ser eliminados de los espacios públicos. El monumento, erigido en 1941 sobre las ruinas del antiguo Café La Peña, un punto de encuentro político y cultural vinculado a la izquierda antes del golpe de 1936, ha sido objeto de controversia durante años.

Posturas encontradas sobre el monumento

Su significado y la decisión de conservarlo han dividido tanto a las administraciones como a los ciudadanos. Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo tripartito formado por Coalición por Melilla (CpM), el PSOE y el entonces presidente Eduardo de Castro expresó su intención de retirarlo. Este mismo gobierno fue responsable, en 2021, de la retirada de la estatua de Franco, posicionando a Melilla entre las últimas ciudades españolas en eliminar una figura del dictador de su espacio público.

El actual presidente, Juan José Imbroda, ha defendido en días recientes que el monumento «ya no conserva simbología franquista» y que fue despojado de cualquier elemento asociado al régimen hace años. Según sus declaraciones, el conjunto escultórico se compone actualmente de un soldado junto a un león, sin escudos, inscripciones ni referencias al franquismo. Además, recordó que una sentencia judicial anterior determinó que el monumento no debía ser modificado, lo que, según su interpretación, refuerza la legalidad de su permanencia.

La visión del PSOE y la Ley de Memoria Democrática

Desde el PSOE, sin embargo, el diagnóstico es diferente. Su portavoz en la Asamblea de Melilla, Riduan Moh, ha enfatizado que, más allá de los símbolos visibles, el origen y el propósito del monumento continúan ligados al golpe militar de 1936 y a la dictadura posterior. Según su opinión, defenderlo sin un contexto adecuado implica ignorar su carga histórica. Los socialistas sostienen que la memoria democrática no consiste en borrar el pasado, sino en revisarlo con honestidad.

Por ello, proponen sustituir la escultura por un nuevo espacio «de memoria y convivencia», que rinda homenaje a todas las víctimas y represente la pluralidad de la sociedad melillense. Además, resaltan que la Ley de Memoria Democrática obliga a retirar o transformar aquellos elementos que exalten el franquismo o el golpe de Estado, considerando que el monumento incumple este principio al haber sido concebido expresamente para homenajear a los sublevados del 17 de julio.

En este contexto, el PSOE demanda abrir un debate ciudadano sobre la resignificación del espacio público, a la espera de la inminente publicación del catálogo estatal de símbolos que podría reabrir la discusión jurídica y política.

Imbroda, por su parte, mantiene que su Ejecutivo no actúa por motivos ideológicos, sino conforme a hechos verificables. Asegura que el monumento fue revisado para cumplir la normativa y que su apariencia actual no contiene elementos que contradigan los valores democráticos. En declaraciones recientes, ha reiterado que no es su responsabilidad aplicar la ley estatal, sino de las instituciones competentes.

Con la inminente publicación de este listado, que incluirá símbolos, escudos, placas e inscripciones considerados contrarios a la memoria democrática, la inclusión o no del monumento a los Héroes de España podría volver a colocar a Melilla en el centro de la controversia.

La cuestión sigue dividiendo la opinión pública local; algunos ciudadanos defienden la conservación del monumento como parte del patrimonio urbano y un recuerdo del pasado bélico de la ciudad, mientras otros abogan por su retirada como un paso necesario hacia una memoria más inclusiva. Este asunto ha trascendido el ámbito político, convirtiéndose en tema de conversación en las redes sociales y los medios locales.