Las familias y pensionistas que emplean a trabajadoras del hogar deberán tener actualizada la evaluación de riesgos laborales antes del viernes o podrían enfrentarse a sanciones que alcanzan los 49.000 euros. Esta nueva obligación llega en un momento especialmente delicado para el sector, que registra el nivel más bajo de afiliación en 15 años.
Actualmente, 341.428 empleadas del hogar cotizan a la Seguridad Social, 72.000 menos que en 2019, coincidiendo con las fuertes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ya acumula un incremento del 60% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.
Una norma aprobada hace un año, pero que entra en vigor ahora
Las exigencias de prevención no empezaron a aplicarse hasta que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo puso en marcha una plataforma gratuita: www.prevencion10.es. Desde mayo, los empleadores han podido generar su evaluación de riesgos y un plan de prevención adaptado al trabajo doméstico.
La ley exige que el empleador:
- Evalúe los riesgos del hogar (escaleras, limpieza, químicos, mascotas, instalación eléctrica…).
- Analice las tareas que realiza la empleada (limpieza, plancha, cocina, cuidados…).
- Implemente medidas preventivas cuando detecte algún riesgo.
- Facilite equipos y protección necesarios.
- Informe y forme a la trabajadora en prevención.
- Garantice la vigilancia de la salud, con reconocimientos médicos periódicos gratuitos cada tres años.
Reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos
Los chequeos de salud se integrarán en el Sistema Nacional de Salud. El empleador debe permitir que la trabajadora acuda a sus citas, ya que forman parte de la vigilancia de la salud laboral.
Multas de 2.451 a más de 49.000 euros
No tener el proceso de prevención al día puede acarrear sanciones desde 2.451 euros en infracciones leves hasta más de 49.000 euros en las graves. Además, si ocurre un accidente, la familia podría asumir los costes y un recargo adicional en las prestaciones.
Carga burocrática en un momento crítico
La reforma impulsada por Yolanda Díaz también introduce formación online sobre riesgos del hogar, que debe realizarse dentro de la jornada o compensarse con descanso equivalente.
Sin embargo, estas exigencias llegan en un escenario complejo: contratar una empleada del hogar a jornada completa se ha convertido en un lujo para muchas familias y pensionistas.
Con el SMI en 1.184 euros, a ello se suma:
- 23,60% en cotizaciones a cargo del empleador.
- 4,70% a cargo de la trabajadora.
- Pago del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).
- Cotizaciones obligatorias por desempleo y Fogasa.
El resultado: muchas familias reducen jornada, despiden o directamente pasan a contratar “en B”, según advierte la Asociación Española de Servicios Profesionales y Domésticos.
El trabajo en ‘B’ aumenta por la presión económica
Las obligaciones legales y los altos costes han provocado que parte del sector vuelva a la economía sumergida. Otros hogares directamente prescinden de estos servicios por no poder asumir la carga económica.
Las asociaciones llevan años reclamando al Gobierno bonificaciones y desgravaciones fiscales para las familias, con el fin de evitar el colapso del empleo doméstico y garantizar condiciones dignas para las trabajadoras.
