La consellera de Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha instado a la creación de un frente común en el Congreso de los Diputados para modificar la normativa que limita la capacidad de los ayuntamientos para gastar los recursos que tienen a su disposición. Durante la primera Trobada de Municipis Rurals, celebrada en el Món Sant Benet de la comarca del Bages, Romero ha destacado la necesidad de revisar las leyes que regulan la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad administrativa, que datan de la crisis de 2008.
La consellera ha enfatizado que «es injusto que enviemos dinero a los ayuntamientos y que estos no tengan capacidad de gastárselo», refiriéndose a la situación que viven muchos consistorios en Cataluña. En su intervención, acompañada de tres alcaldes, David Bote, Jaume Oliveras y Joan Solà, Romero ha señalado que es imperativo llevar una propuesta mayoritaria al Congreso para reformar la ley actual, a la que ha calificado de «injusta».
Revisión de la normativa vigente
Romero ha argumentado que la normativa vigente ahoga a los municipios, limitando su capacidad para utilizar los remanentes y superávits generados. «Necesitamos una revisión radical de la ley porque lo que nos ahoga es que no podamos disponer del remanente que generamos. Si hacemos bien las cosas, ¿por qué no podemos utilizar nuestros recursos?», ha cuestionado Oliveras, quien también ocupa el cargo de vicepresidente primero de la Associació Catalana de Municipis (ACM).
La consellera ha subrayado que parte de las subvenciones que reciben los consistorios de la Generalitat se destinan a «amortizar la deuda, y ese no es el objetivo de las ayudas». Esta situación se agrava en los ayuntamientos más pequeños, que sufren aún más las restricciones impuestas por la ley.
Apoyo en el Parlament y medidas fiscales
A pesar de la adversidad, Romero ha expresado un mensaje de optimismo, confiando en la futura aprobación de la ley de Financiación Local, actualmente en tramitación en el Parlament. «Los municipios necesitan una estabilidad y saber de qué recursos dispondrán. Trabajamos en ello e intentaremos que llegue cuanto antes», ha afirmado.
Por su parte, el alcalde de Mataró, David Bote, ha abogado por «normas más ágiles para poder gastar reconociendo la realidad tan diversa del país». Ha añadido que «el dinero se debe tener, pero también se debe poder ejecutar el presupuesto», refiriéndose a las dificultades que enfrentan los municipios para contratar a profesionales cualificados como arquitectos y juristas.
Romero también ha anunciado que el presupuesto de la Generalitat para el próximo año crecerá un 3,3%, y que el techo de gasto se ha fijado en 40 500 millones de euros. Además, ha recordado que el Govern publicará en febrero la lista de municipios beneficiados por el Fondo de Cooperación Local, que ha aumentado en 7,5 millones de euros hasta alcanzar un total de 9 millones de euros.
Entre las iniciativas anunciadas por el presidente Salvador Illa, se encuentran nuevas deducciones fiscales para jóvenes y familias con hijos en edad escolar, que entrarán en vigor en 2026. Estas medidas buscan fomentar la compra, rehabilitación y alquiler de vivienda habitual, y se suman a otras ya aprobadas, como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y la bonificación en actas notariales para regularizar fincas rurales.
Joan Solà, alcalde de Riner y presidente de Micropobles, ha manifestado su ilusión por las posibilidades que presenta la nueva legislación: «Nos brillan los ojos porque sabemos que podemos revertir la situación que vivimos. Nos debemos poner con ello, conseller», ha declarado ante más de 300 representantes del ámbito local presentes en el evento.
