El pasado martes, un bombardeo militar en Guaviare resultó en la trágica muerte de siete menores de edad, lo que ha llevado a la Fiscalía Militar y Policial a abrir una indagación para determinar la legalidad de las acciones de las fuerzas armadas en este operativo. La investigación se centrará en verificar si las operaciones, dirigidas contra las disidencias de Iván Mordisco, se ajustaron a los principios del uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado.
Este lunes, la Fiscalía Militar y Policial comunicó que ha iniciado esta indagación, mientras que la Procuraduría anunció el sábado que también investigará el operativo, con el objetivo de imponer «las sanciones disciplinarias correspondientes» en caso de que se considere necesario. Hasta el momento, la Fiscalía no ha hecho referencia explícita a los menores fallecidos, limitándose a informar que se incautó «material de guerra de alto poder ofensivo» y que se «neutralizaron» a miembros del Nuevo Estado Mayor Central, la disidencia de las extintas FARC.
Reacciones a la tragedia
La muerte de estos siete menores ha generado una fuerte conmoción en Colombia. La Defensoría del Pueblo subrayó que la «responsabilidad originaria» recae sobre los grupos armados que reclutan y utilizan a los menores como escudos humanos, aunque esto no exonera a la fuerza pública de su responsabilidad. En su comunicado, enfatizó que «ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares».
La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia instó a las fuerzas militares a adoptar «todas las precauciones necesarias» para proteger a los menores víctimas de reclutamiento. El presidente Gustavo Petro, que ha criticado estas acciones en administraciones anteriores, ha generado controversia por sus declaraciones tras el incidente. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, justificó el ataque militar argumentando que «lo que da el estatus de combatiente no es la edad, sino la función que cumple dentro de una organización criminal».
Desafíos legales y críticas
El presidente Petro expresó su pesar por la muerte de menores, pero defendió la actuación de las fuerzas armadas para proteger a 20 soldados que se encontraban en riesgo. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por varios líderes de izquierda, como el senador Iván Cepeda, quien condenó el ataque y pidió que se respete el Derecho Internacional Humanitario. La senadora María José Pizarro también criticó las declaraciones del ministro Sánchez, afirmando que no hay margen para tal postura.
La oposición, por su parte, ha señalado las contradicciones del presidente, quien anteriormente condenó bombardeos similares durante el gobierno de Iván Duque, y ha exigido la renuncia del ministro de Defensa. La situación se complica aún más por el hecho de que la Fiscalía Militar y Policial ha abierto una indagación, aunque las posibilidades de que estas investigaciones prosperen son limitadas. El tribunal de la Justicia Penal Militar no tiene competencia para investigar violaciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que añade un obstáculo a la búsqueda de justicia.
El pasado viernes, Amnistía Internacional publicó un informe destacando que numerosos casos han sido mal dirigidos a la Justicia Penal Militar, lo que entorpece el proceso judicial y contribuye a la impunidad. Esta situación plantea un serio reto para la protección de los derechos humanos en Colombia, donde las violaciones siguen siendo una preocupación constante.
