En los últimos años, la Administración Pública ha incrementado de manera significativa la utilización de técnicas de inteligencia artificial, especialmente en el ámbito tributario. Este auge ha llevado a un número creciente de contribuyentes a ser sometidos a procedimientos de verificación de datos, inspecciones y comprobaciones, muchas veces sin una motivación clara. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha implementado herramientas de análisis masivo de datos que han optimizado su capacidad para detectar riesgos fiscales y aumentar la recaudación.
Desde una perspectiva financiera, este incremento es positivo, ya que permite mejorar la financiación del gasto público. Sin embargo, plantea importantes interrogantes respecto a la transparencia y el control de las decisiones automatizadas. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1119/2025, dictada el 11 de septiembre de 2025, es un pronunciamiento relevante en este contexto. El caso abordaba si la Administración podía denegar el acceso al código fuente de la aplicación telemática BOSCO, utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica para verificar la condición de consumidor vulnerable.
El tribunal examinó la cuestión a la luz del artículo 105.b) de la Constitución Española y su desarrollo en la Ley 19/2013 de Transparencia. Concluyó que, aunque la Administración puede utilizar sistemas de toma de decisiones automatizadas, esto no exime a las autoridades de cumplir con los principios de transparencia y control. Según la sentencia, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información necesaria para entender el funcionamiento de estos sistemas, lo que podría incluir el código fuente o los elementos esenciales del mismo.
Desafíos de la transparencia y la protección de datos
El Tribunal Supremo también reconoció los riesgos asociados a la divulgación del código fuente, como la posible vulneración de datos personales. Sin embargo, enfatizó que estos riesgos no justifican una opacidad total, especialmente cuando las decisiones automatizadas tienen efectos legales directos sobre los derechos de los ciudadanos. Esto es especialmente relevante en un marco normativo donde faltan autoridades independientes que supervisen el uso de algoritmos, lo que subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de control democrático.
Aunque la sentencia no se refiere específicamente al ámbito tributario, sus implicaciones son evidentes para la AEAT, que ha admitido el uso de sistemas de IA para detectar perfiles de riesgo y seleccionar contribuyentes para inspecciones. No obstante, la Administración se ampara en el artículo 95 de la Ley General Tributaria (LGT), que se refiere a la reserva de datos tributarios, para excluir la posibilidad de que los contribuyentes conozcan los criterios o algoritmos utilizados. Esta falta de transparencia plantea serias preocupaciones sobre la motivación administrativa y el derecho a la defensa.
Impacto en los derechos de los contribuyentes
La Ley General Tributaria reconoce en su artículo 34 un catálogo de derechos para los obligados tributarios, incluidos el derecho a recibir información y asistencia de la AEAT, así como una motivación adecuada de las actuaciones administrativas. Estos derechos se ven comprometidos cuando la decisión de iniciar un procedimiento se basa en algoritmos opacos, cuya lógica interna es inaccesible para el contribuyente.
El uso de la inteligencia artificial en la gestión tributaria puede ser una herramienta valiosa para optimizar recursos y detectar comportamientos fraudulentos, especialmente en un contexto de escasez de medios. Sin embargo, su implementación sin los mecanismos necesarios de supervisión y transparencia puede llevar a una presión administrativa excesiva sobre los contribuyentes, desviándose del objetivo de combatir el fraude y acercándose a prácticas de control masivo sin suficientes garantías jurídicas.
La inteligencia artificial puede y debe ser un instrumento eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, pero su uso inadecuado compromete principios fundamentales del Estado de Derecho, como la transparencia y la motivación. La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo establece una línea doctrinal que, se espera, influya en el ámbito tributario, obligando a la Administración a equilibrar la eficacia recaudatoria con las garantías constitucionales que protegen a los contribuyentes frente a decisiones automatizadas.
Patricia Lampreave, profesora de Derecho Financiero y tributario, ha subrayado la importancia de estos debates en un entorno donde la tecnología avanza rápidamente y la protección de los derechos de los ciudadanos debe seguir siendo una prioridad en la Administración Pública.
