La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reciente decreto del Gobierno central que regula las universidades, argumentando que este vulnera las competencias autonómicas y limita la libertad de empresa en el ámbito educativo.
Este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid analizará un informe detallado elaborado por la Abogacía General, en el que se expone que el decreto impone una serie de restricciones que, según la administración regional, no solo son injustificadas, sino que también contravienen principios fundamentales establecidos en la Constitución Española.
Competencias educativas y el alcance del decreto
El recurso presentado por el Gobierno madrileño se basa en el artículo 27 de la Constitución, que otorga a las Comunidades Autónomas la autoridad para desarrollar y aplicar la legislación educativa. Según los representantes de la Comunidad de Madrid, el Estado debe limitarse a establecer la normativa básica que garantice la igualdad en todo el país, y no exceder ese marco, algo que, a su juicio, ocurre con el nuevo Real Decreto.
La administración madrileña sostiene que la normativa estatal dificulta la implementación de políticas universitarias propias y limita la capacidad de las autonomías para autorizar, supervisar y evaluar nuevos proyectos educativos. En este sentido, se considera que el decreto «excede con mucho» lo que se podría considerar un marco regulador básico.
Requisitos considerados “arbitrarios”
Uno de los aspectos más polémicos del decreto es la exigencia de cumplir con requisitos cuantitativos, como la obligación de que cada centro universitario cuente con un mínimo de 4 500 estudiantes. Esta cifra ha sido calificada por el Gobierno madrileño como «arbitraria», argumentando que no está relacionada con el objetivo de mejorar la calidad de las universidades en España.
Además, la Comunidad de Madrid critica la «opacidad» del proceso seguido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para aprobar el decreto, señalando que se tramitó sin consulta pública previa ni participación de los actores del sistema universitario, a pesar de su impacto directo en las competencias autonómicas.
La administración regional recuerda que su actual procedimiento de autorización para nuevas universidades y centros universitarios ya incluye controles rigurosos que garantizan la excelencia académica y la solidez de los proyectos. La Consejería de Educación, por otro lado, está trabajando en una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que incorporará mejoras y actualizaciones en estos procesos, siempre dentro del marco de las competencias de la región.
