El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha denunciado que España vive «el momento de mayor judicialización de la vida pública en democracia», un fenómeno que desvía la atención de los problemas realmente importantes que afectan a la ciudadanía. Estas declaraciones fueron realizadas durante un acto en Manzanares (Ciudad Real), donde se llevó a cabo el reconocimiento y entrega de los restos de 21 represaliados del franquismo a sus familiares.
Torres contextualizó sus afirmaciones en relación a la reciente renuncia del abogado que representaba a Manos Limpias en el procedimiento contra Begona Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según el ministro, el letrado ha dejado claro que la causa «no es jurídica, sino política», lo que indica que se está utilizando para ejercer presión mediática. Esta declaración, según Torres, «no deja espacio para añadir nada más».
Consecuencias de la judicialización
El ministro lamentó que esta tendencia a judicializar cualquier controversia esté condicionando el funcionamiento institucional y, sobre todo, el trabajo parlamentario. Según Torres, la oposición «se centra pleno tras pleno en cuestiones que muy poco afectan a la vida de la gente», mientras se ignoran debates esenciales que deberían ser prioritarios, como el acceso a la vivienda, la creación de empleo, las oportunidades para los jóvenes, la situación de las universidades públicas o la calidad del sistema educativo.
A su juicio, esta estrategia genera un «ruido permanente» que no solo impide avanzar en soluciones efectivas, sino que también contribuye a alejar a la ciudadanía de la vida pública. Este fenómeno de judicialización se presenta como un desafío que afecta no solo a la política española, sino que también tiene repercusiones en la percepción que los ciudadanos tienen sobre sus representantes y el funcionamiento de las instituciones.
Un llamado a la reflexión
Torres concluyó su intervención haciendo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de centrar el debate político en los verdaderos problemas que preocupan a la ciudadanía, en lugar de en litigios que poco tienen que ver con la realidad social. La judicialización excesiva de la política podría convertirse en un obstáculo para el progreso y la cohesión social, lo que representa un reto que debe ser abordado con urgencia.
