El expresidente peruano Pedro Castillo, quien ocupó el cargo de 2021 a 2022, ha sido condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Esta decisión del tribunal se deriva del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022, cuando trató de disolver el Congreso y gobernar mediante decretos.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que, aunque Castillo no llevó a cabo el delito de rebelión, sí conspiró para atentar contra el orden democrático. Durante su mensaje a la nación, anunció la disolución temporal del Parlamento, enfrentándose a una moción de destitución motivada por indicios de corrupción que lo implicaban directamente. Sin embargo, su intento de autogobernarse fracasó y fue arrestado poco después de dejar el Palacio de Gobierno.
Consecuencias del fallo judicial
El tribunal también absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dos años y la obligación de pagar una indemnización de 12 millones de soles (aproximadamente 3,5 millones de dólares) en conjunto con otros acusados. Desde su condena, el exmandatario permanecerá en la prisión de Barbadillo, conocida por albergar a expresidentes, hasta abril de 2034.
Los jueces determinaron que Castillo, junto a su ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, actuaron en conjunto para llevar a cabo esta conspiración. La misma pena de 11 años y medio también fue dictada para Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. En su caso, el tribunal ordenó su búsqueda y captura debido a su ausencia.
Reacción y futuro político
En el juicio, el exministro Huerta, quien supuestamente dio órdenes para implementar las acciones inconstitucionales, vio su sentencia suspendida hasta que se resuelva su apelación. Por otro lado, Aníbal Torres, exjefe de asesores de Castillo, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión, aunque esta condena no se aplicará por razones humanitarias debido a su avanzada edad de 82 años.
A medida que se acerca el final de su prisión preventiva, Castillo ha manifestado su intención de postularse como senador por el partido Juntos por el Perú, liderado por su exministro Roberto Sánchez. Este anuncio ha llevado a sus seguidores a protestar frente a la prisión de Barbadillo, demandando su libertad.
La condena de Castillo no solo marca un capítulo crucial en la política peruana, sino que también resalta los tensos vínculos entre el poder ejecutivo y legislativo en el país. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro político de Castillo y su partido en un contexto de inestabilidad y división en el ámbito político peruano.
