El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Axel Kicillof, ha autorizado un significativo aumento del 14,8% en el costo del boleto de colectivo, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre de 2023. Esta medida, reflejada en la resolución 342 del Boletín Oficial, impactará en las líneas de colectivo numeradas desde el 200 en adelante, afectando a un gran número de usuarios que dependen del transporte público en el conurbano bonaerense.
Con este aumento, el boleto mínimo pasará a costar $658,44 para recorridos de 0 a 3 kilómetros. Para distancias mayores, los precios se ajustan de la siguiente manera: 3 a 6 km a $733,50, 6 a 12 km a $790 y 12 a 27 km a $846,57. Para quienes utilicen la Tarjeta SUBE sin nominalizar, los costos pueden superar los $1.400 dependiendo del recorrido.
Este ajuste tarifario se justifica, según el gobierno provincial, como una respuesta a los crecientes costos operativos, que incluyen el efecto de la devaluación, los incrementos en los precios de los combustibles y los gastos de mantenimiento de las unidades. Sin embargo, el aumento coincide con una creciente preocupación entre los usuarios, quienes ya enfrentan una inflación acumulada del 171% en el mismo periodo.
Reacciones y amenazas de paro
La medida ha suscitado descontento entre los trabajadores del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha amenazado con convocar a un paro nacional si no se garantiza el pago íntegro y puntual de los salarios. Actualmente, los choferes enfrentan retrasos y pagos fraccionados, lo que ha intensificado las protestas en el sector.
Recientemente, los conductores de la Línea 60 realizaron una manifestación en Ingeniero Maschwitz, donde expresaron su rechazo a la fragmentación de los salarios y el aguinaldo. En este contexto, los choferes reclaman un incremento en los subsidios que les permita hacer frente a la creciente carga económica que representa el nuevo tarifazo.
Un sistema en crisis
Desde marzo de 2025, los boletos de colectivos, trenes y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ajustan mensualmente según el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec, además de un incremento adicional del 2% mensual. Esta política tarifaria, aunque busca mantener la viabilidad del servicio, ha llevado a que el transporte público se convierta en uno de los servicios más costosos en la región, incrementando las tensiones entre empresas, trabajadores y usuarios.
A medida que se avecinan cambios en la política laboral propuestos por el gobierno de Javier Milei, la UTA y otros sindicatos están bajo presión para organizarse y defender los derechos de los trabajadores del transporte. La situación exige una respuesta colectiva, no solo por parte de los trabajadores, sino también de los usuarios que dependen de un sistema de transporte accesible y de calidad.
La lucha por unos salarios dignos y tarifas justas se intensifica, lo que plantea la necesidad de una revisión profunda del sistema de transporte en Buenos Aires. La voz de los trabajadores y usuarios debe ser escuchada para garantizar un servicio que no solo sea rentable para las empresas, sino que también respete las necesidades y derechos de quienes lo utilizan diariamente.
