La Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Castilla y León ha iniciado los trámites para elaborar un nuevo Decreto que prioriza el teletrabajo para un grupo específico de trabajadores. Esta normativa, que ya se encuentra en fase de información pública, otorga preferencia a las víctimas de violencia machista, personas con discapacidad y aquellos que residen en zonas rurales.
El decreto, al que ha tenido acceso Ical, establece que cada persona que opte por el teletrabajo deberá contar con un plan individual que refleje los objetivos asignados, la organización del trabajo y la evaluación periódica de su cumplimiento. Además, el trabajador deberá elegir un máximo de dos lugares desde donde desempeñará sus funciones y definir franjas horarias de disponibilidad obligatoria.
Condiciones de elegibilidad y puntuación
La normativa también describe un sistema de baremación para determinar quiénes podrán acceder al teletrabajo en caso de que las solicitudes superen el número de autorizaciones disponibles. Las personas en colectivos de especial protección, como víctimas de violencia de género o acoso, recibirán tres puntos en este sistema. Asimismo, se otorgarán puntos por conciliación de la vida familiar y laboral, así como por la situación de dependencia de familiares.
Para aquellos que residen en municipios pequeños, se otorgarán puntos adicionales: tres puntos para localidades de hasta 500 habitantes y dos puntos para aquellas con poblaciones entre 501 y 2 000. Si estos municipios están a más de 50 kilómetros de localidades de más de 20 000 habitantes, se añadirá un punto extra.
Aspectos técnicos y formativos del teletrabajo
El teletrabajo se autorizará inicialmente por un año, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de dos años. La Junta de Castilla y León se compromete a proporcionar el equipo informático necesario y facilitar el acceso a aplicaciones y servicios digitales. En caso de que no sea posible, se podrá autorizar el uso de dispositivos personales del trabajador.
Además, se establecerá que al menos dos días a la semana se deberá trabajar de forma presencial, mientras que el resto se podrá realizar teletrabajando. La normativa también enfatiza la importancia de cumplir con la legislación sobre prevención de riesgos laborales, asegurando un entorno de trabajo seguro y ergonómico.
En cuanto a la formación, se prevén planes anuales y cursos específicos sobre teletrabajo, así como formaciones obligatorias en prevención de riesgos laborales y protección de datos, todos organizados por la Junta.
Esta iniciativa responde a la creciente necesidad de adaptar los modelos de trabajo a las exigencias actuales y a la evolución tecnológica, un cambio que se ha acelerado desde 2020 a raíz de la pandemia. Hasta finales del pasado año, 1 237 empleados públicos ya estaban trabajando bajo esta modalidad, lo que demuestra su viabilidad y aceptación en la administración pública.
