El Tribunal Supremo ha solicitado oficialmente expedientes de contratación pública en Melilla relacionados con la adjudicación de obras que se investigan en el denominado “caso Ábalos”. Este asunto se centra en el periodo de Gobierno de Coalición por Melilla (CpM) y el PSOE, que pactaron un acuerdo para gestionar la Ciudad Autónoma en 2019. Entre los principales protagonistas de estas negociaciones se encuentran el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el presidente de CpM, Mustafa Aberchán.
La reciente prisión provisional sin fianza dictada contra Ábalos y su exasesor, Koldo García, ha conmocionado el panorama político nacional, especialmente en Melilla, donde se sospecha que pudieron amañarse obras en el contexto del poder del exministro socialista. Ambos ingresaron en prisión el pasado jueves ante el riesgo de fuga, tras conocerse las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción: 24 años para Ábalos y 19,5 años para García, como presuntos responsables de una red de corrupción que abarca desde el cobro de comisiones ilegales hasta el aprovechamiento de su posición institucional.
Investigaciones en Melilla y contratos bajo sospecha
El caso estalló inicialmente por la compra de mascarillas durante la pandemia, pero las investigaciones han revelado una trama más amplia que incluye adjudicaciones en el sector de la construcción. Entre los contratos que han despertado el interés judicial se encuentra el de la rehabilitación del Tinglado número 5 del puerto de Melilla, adjudicado a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L., con un coste inicial de 658 000 euros que finalmente ascendió a 785 000 euros.
Este contrato fue aprobado durante la presidencia de Víctor Gamero en la Autoridad Portuaria, designado en su cargo por CpM tras el acuerdo con el PSOE. Actualmente, Levantina se encuentra en litigio con la Autoridad Portuaria, lo que ha incrementado las sospechas sobre el proceso de adjudicación y su posible vinculación con otras irregularidades. Además, se han producido coincidencias con otras investigaciones en las que varios dirigentes de CpM están siendo investigados por delitos de organización criminal y fraude en la contratación pública.
Reacciones políticas y exigencias de claridad
La situación ha generado una creciente presión política, especialmente desde el Partido Popular. La diputada nacional Sofía Acedo ha exigido explicaciones públicas a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien participó en las negociaciones que llevaron a la constitución del actual Gobierno local. Acedo ha reclamado que se aclare su grado de implicación en el pacto y su relación con Koldo García, actualmente encarcelado por corrupción.
El silencio de los socialistas contrasta con la insistencia de la oposición que demanda transparencia sobre la gestión de los contratos públicos y los acuerdos de Gobierno tras el pacto PSOE-CpM. Acedo ha declarado: “Queremos saber si hubo favores, si se beneficiaron empresas concretas y si se usaron los recursos públicos de Melilla como moneda política”.
A medida que el proceso judicial avanza y con los principales actores ya en prisión, el interés del Tribunal Supremo en los expedientes de Melilla sugiere que la ciudad podría jugar un papel crucial en el desarrollo de una de las tramas de corrupción política más complejas de la última década. Aunque todavía no hay imputaciones firmes, las coincidencias observadas en el contexto político y administrativo con otros territorios investigados abren la puerta a nuevas revelaciones que podrían sacudir nuevamente el panorama político de la región.
