La localidad de Gandía se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse un escándalo de empadronamiento masivo de inmigrantes ilegales. La ministra Diana Morant y su partido, el PSOE, han sido señalados por permitir que cientos de inmigrantes fueran empadronados en domicilios de vecinos sin su consentimiento, lo que ha generado una gran conmoción en la comunidad.
El problema surgió tras la detención de varios integrantes de una organización criminal que se dedicaba a introducir a inmigrantes ilegales en apartamentos de la localidad turística. Algunos vecinos han denunciado que llegaron a tener hasta 15 inmigrantes empadronados en sus viviendas sin saberlo, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de los procedimientos de validación del Ayuntamiento.
Investigación y reacciones del gobierno local
La Policía Nacional ha confirmado que han sido más de un centenar los casos detectados, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. Para empadronarse en Gandía, los solicitantes deben acudir de forma presencial al Ayuntamiento, presentando un contrato de alquiler y una factura de la luz. Sin embargo, las investigaciones han revelado que muchos de estos documentos eran falsos.
El concejal responsable, Adrià Vila, ha defendido la actuación del gobierno municipal, afirmando que «en el momento en el que se conocieron los hechos, colaboramos con la Policía Nacional». A pesar de esta colaboración, se ha criticado que el Ayuntamiento permitió el empadronamiento de inmigrantes ilegales sin realizar los filtros necesarios, lo que ha generado dudas sobre la gestión del consistorio socialista.
En noviembre del año pasado, el partido de Vox ya había alertado sobre la situación, señalando la existencia de denuncias de vecinos en las que se indicaba que tenían a varios inmigrantes empadronados sin su conocimiento. Estas advertencias fueron desestimadas en su momento, lo que ha llevado a una creciente presión sobre el gobierno de Gandía.
Medidas futuras y endurecimiento de requisitos
En respuesta a la crisis, el gobierno municipal ha anunciado que se están tomando medidas para endurecer los requisitos de empadronamiento. Aunque han afirmado que los inmigrantes involucrados ya han sido dados de baja del registro, la situación ha puesto en evidencia fallos serios en el sistema de control del Ayuntamiento.
«Estamos trabajando en una nueva ordenanza que garantice la correcta tramitación de empadronamientos», ha manifestado Vila, quien asegura que se están tomando en serio las preocupaciones de los ciudadanos. Sin embargo, la falta de filtros en el proceso ha dejado una sombra de desconfianza sobre la gestión del PSOE en la ciudad.
La combinación de este escándalo con otros casos de corrupción y acoso sexual en el partido ha complicado aún más la situación para Morant y su equipo. La evolución de este caso será clave para observar cómo afecta la percepción pública del PSOE en Gandía y, por extensión, en el resto del país.
