La Junta de Extremadura ha anunciado que los empleados públicos verán reflejada en su nómina de enero de 2026 la subida salarial del 1,5%, mientras que el incremento pendiente del 2,5% correspondiente a 2025 se abonará “lo antes posible”, previsiblemente en una nómina aparte. Esta información fue confirmada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, tras la celebración de la Mesa General de Negociación en Mérida.
Manzano destacó que el Gobierno autonómico ha cumplido con el pago de cerca de 200 millones de euros derivados de acuerdos salariales anteriores. Además, se comprometió a seguir adelante con el último acuerdo alcanzado entre el Gobierno central, los agentes sociales y las organizaciones sindicales. La suma del 1,5% en enero y el 2,5% pendiente supondrá una subida acumulada de hasta 4% para todos los empleados públicos de la Junta.
Impacto económico de las subidas salariales
El incremento del 2,5% correspondiente a 2025 tendrá un impacto económico estimado de 68,5 millones de euros, mientras que la subida del 1,5% para 2026 alcanzará los 42 millones de euros en el conjunto del ejercicio. La consejera aclaró que estas cantidades no se reflejarán en la nómina de diciembre ni en la paga extraordinaria, ya que ambas se cerraron el pasado 5 de diciembre para que se pudieran abonar el 18 de diciembre.
No obstante, Manzano aseguró que el pago del 2,5% se realizará “con la mayor celeridad y premura”, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Además, la Junta se compromete a abonar en el primer cuatrimestre de 2026 la subida del 2% correspondiente a 2020, una deuda reconocida que no fue satisfecha por el anterior Gobierno autonómico, lo que representa otros 8 millones de euros.
Reacciones de los sindicatos
Desde UGT Servicios Públicos Extremadura, su secretario general, Manuel Fernández Colomo, valoró positivamente que la consejera haya concretado fechas, pero criticó la falta de eficacia administrativa para cumplir los acuerdos en tiempo y forma. Por su parte, CCOO Extremadura lamentó que el incremento del 2,5% no se haya incluido en la nómina de diciembre, argumentando que esto habría supuesto “un alivio considerable” para el personal. A pesar de ello, destacó el compromiso de la Junta de aplicar un incremento adicional del 0,5% si el IPC a finales de 2026 alcanza o supera el 1,5%.
Desde CSIF Extremadura, su presidente Benito Román valoró el cumplimiento por parte del Ejecutivo regional del acuerdo marco estatal, que prevé además una subida del 4,5% en 2027, lo que elevaría el aumento acumulado hasta el 9% en trece meses.
El anuncio de estas subidas salariales supone un alivio para miles de empleados públicos extremeños, pero también pone de relieve un problema recurrente: los retrasos sistemáticos en la aplicación de acuerdos ya firmados. La dificultad para concretar fechas y la fragmentación de los pagos alimentan el malestar en un colectivo que lleva años perdiendo poder adquisitivo frente al IPC.
Aunque la subida acumulada prevista hasta 2027 puede acercarse al 9%, la realidad es que gran parte de este incremento llega tarde y a plazos, lo que reduce su impacto real en el bolsillo de los trabajadores. La cuestión de fondo sigue abierta: si la Administración autonómica es capaz de cumplir los compromisos salariales con la agilidad que exige una plantilla envejecida, tensionada y clave para sostener servicios esenciales como sanidad, educación y atención social. En definitiva, cumplir es necesario; hacerlo a tiempo, imprescindible.
