La Junta de Andalucía se encuentra en una situación compleja con alrededor de 26.000 bienes inmuebles que no están debidamente registrados en su Inventario General de Bienes y Derechos. Estas propiedades, que figuran como titularidad de la Junta, están en un estado de «limbo» jurídico, lo que ha llevado a la administración a recibir numerosas notificaciones catastrales y liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Según un informe de la administración autonómica, actualmente hay cerca de 47.000 referencias catastrales a nombre de la Junta, de las cuales solo aproximadamente 21.000 están registradas en el Inventario. Este desfase provoca que muchos inmuebles no sean correctamente identificados, lo que a su vez genera complicaciones para la gestión de impuestos y tasas municipales que se aplican a estas propiedades.
Iniciativas para la regularización del patrimonio
La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha destacado que algunas de estas propiedades no están claramente identificadas en el Inventario. Esto dificulta la correcta gestión de los recibos, que terminan enviándose a diversas consejerías para su investigación. Sin embargo, la investigación no siempre proporciona claridad sobre la titularidad real de estos bienes, lo que conlleva la generación de nuevos recibos y deudas sin una base jurídica sólida.
Como respuesta a esta problemática, la administración ha decidido contratar a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC) para que preste apoyo técnico en la actualización del Inventario. Este encargo tiene un presupuesto estimado de 450.000 euros y se anticipa que comenzará a ejecutarse en 2026.
La reciente aprobación de la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía en el Parlamento andaluz, con el apoyo del PP y la abstención de Vox, busca abordar esta situación. La ley establece una definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma e incluye mecanismos para garantizar su conservación y gestión eficiente.
Mejoras en la gestión del patrimonio
Entre las novedades, la ley obliga a publicar un inventario completo de los inmuebles que posee la Junta y sus organismos dependientes, con el objetivo de eliminar el «limbo» actual. La consejera Carolina España ha enfatizado que es esencial que estas medidas se implementen sin demora para asegurar la correcta administración y conservación del patrimonio andaluz.
La ley anterior, vigente desde 1986, había quedado obsoleta, y la Junta argumenta que las sucesivas normativas aprobadas desde entonces han afectado el régimen patrimonial. Las nuevas regulaciones se alinean con principios de eficiencia, transparencia y colaboración, buscando optimizar la gestión de los recursos públicos y mejorar la situación de los inmuebles en cuestión.
La Junta de Andalucía espera que con estas iniciativas se logre una regularización efectiva de su patrimonio, eliminando las anomalías que han persisitido durante años y garantizando una gestión más eficaz y responsable.
