El Grupo Parlamentario Socialista en Canarias ha expresado su fuerte rechazo al nuevo Proyecto de Decreto de Responsabilidad Social que está tramitando la Consejería de Turismo y Empleo. Según el portavoz de Empleo, Gustavo Santana, este decreto es una “a auténtica burla” a la Ley Canaria de Economía Social, ya que, en lugar de establecer un distintivo que incentive la responsabilidad social empresarial, únicamente implementa unos premios de carácter honorífico.
El 4 de julio de 2025, la Consejería sometió a información pública el Proyecto de Decreto que establece el Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad. Santana denuncia que el documento, que consta de solo ocho artículos y una disposición adicional, se limita a crear un procedimiento para otorgar un distintivo de responsabilidad social a quienes presenten una memoria, sin abordar las necesidades reales del tejido empresarial canario.
Este nuevo proyecto, según el socialista, ignora a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a los trabajadores autónomos, quienes podrían ser ejemplos de buenas prácticas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En su opinión, es esencial que el distintivo reconozca no solo el compromiso social, sino también la mejora de las condiciones laborales y el respeto a la libertad sindical.
Críticas a la falta de sustancia
Gustavo Santana subraya que la Ley Canaria de Economía Social fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias durante la legislatura anterior. Esta ley contempla la creación de un distintivo que debe incluir un consejo para su implementación, así como requisitos claros para su concesión, que van más allá de la simple entrega de premios. En su propuesta anterior, se preveía que el distintivo otorgara acceso a subvenciones públicas, beneficios fiscales y prioridad en contratos públicos, entre otros.
“Es alarmante que, siendo este un distintivo responsabilidad de la Consejería de Empleo, no se contemple ningún criterio para premiar a quienes realmente mejoran las condiciones laborales”, recalca Santana. Esta crítica se enmarca en un contexto en el que se espera que las políticas públicas fomenten una economía más social y responsable.
Desde el Grupo Socialista exigen la retirada de este nuevo Proyecto de Decreto y solicitan que se recupere el anterior, que estaba orientado a fomentar la responsabilidad social de manera efectiva. “Lo que se está proponiendo es una mera formalidad, una serie de ‘premios’ otorgados por un jurado compuesto exclusivamente por miembros del Gobierno”, concluye Santana.
La controversia en torno a este decreto refleja las tensiones existentes entre las necesidades del tejido empresarial canario y la respuesta institucional a las demandas sociales. La aprobación de un marco regulador que realmente incentive la responsabilidad social se considera crucial para el desarrollo sostenible de la economía en las Islas Canarias.
