El Gobierno de España ha propuesto la expropiación de viviendas situadas en Matalascañas, una popular playa en el municipio onubense de Almonte, alegando como motivo el cambio climático y su impacto en el litoral. Esta decisión ha generado preocupación entre los propietarios, quienes ven amenazadas sus propiedades por la cercanía del mar y los fenómenos naturales asociados a la elevación del nivel del agua.
Según Hugo Morán, secretario de Estado de Medioambiente, «constatamos el fenómeno del cambio climático», lo que justifica el inicio de un proceso que podría llevar al derribo de las casas más próximas al paseo marítimo. Morán argumenta que este modelo del Gobierno «gana en resiliencia y capacidad de respuesta», aunque no ha especificado qué implican exactamente estas medidas.
Impacto de la proposición en los propietarios
La propuesta de expropiación no se considera inmediata, sino que responde a una posible nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre. Según Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, «es probable que si se produce una nueva delimitación, los bienes privados se vean afectados, lo que podría llevar a su expropiación». Este tipo de situaciones no son nuevas en el litoral español, como se ha visto en la playa de Denia, donde más de cien viviendas quedaron afectadas por un deslinde.
Desde el despacho de abogados Legalia, especializado en expropiaciones, advierten que la propuesta no implica una expropiación automática, ya que hay numerosos precedentes desde la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. No siempre se ha tratado de expropiaciones directas, sino de declaraciones de dominio público o la extinción de concesiones de uso.
Situación actual en Matalascañas
El Ayuntamiento de Almonte ha cuantificado los daños en la zona en aproximadamente 3 millones de euros. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido recientemente en el área, especialmente en el edificio Alcotán y la depuradora, ambos en primera línea de playa. Estos complejos corren el riesgo de ser parcialmente destruidos para dar paso a un nuevo paseo marítimo, que busca evitar la repetición de daños sufridos en temporadas anteriores.
El alcalde, Francisco Bella, ha expresado su descontento por la falta de acción por parte de la Administración central en la regeneración de la playa, que llevan esperando desde hace siete años. Aunque se están acumulando 700.000 metros cúbicos de arena nueva y se están reforzando los espigones, los propietarios se muestran reacios a aceptar la expropiación, alegando que sus viviendas son su principal fuente de ingresos durante la temporada turística.
La propuesta del Gobierno plantea un dilema significativo para los residentes de Matalascañas, quienes se encuentran en una situación precaria ante el avance del mar y la posibilidad de perder sus hogares. La discusión sobre la expropiación y la respuesta al cambio climático en zonas costeras será sin duda un tema candente en los próximos meses.
