La Ciudad Autónoma de Melilla ha expresado su preocupación al Gobierno de España tras la publicación del primer Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, elaborado por Cáritas, que coloca a la ciudad entre los territorios con mayor desigualdad del país. El presidente melillense, Juan José Imbroda, ha manifestado este miércoles que están “hartos de predicar en el desierto”, reclamando un compromiso real del Ejecutivo nacional para abordar los alarmantes indicadores sociales que afectan a la población de Melilla.
Según el informe presentado por Cáritas en colaboración con la Fundación FOESSA, un 32% de la población de Melilla se encuentra en situación de exclusión social. Esta cifra se agrava en ciertos grupos, donde el 75% de las personas con nacionalidad extranjera y el 38% de los hogares musulmanes también están afectados. Además, casi la mitad de los menores de edad (44%) crecen en contextos vulnerables, mientras que solo el 12% de los mayores de 65 años se encuentra en esta situación.
Demandas al Gobierno central
Imbroda ha destacado que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno autonómico, los recursos locales “no dan para tanto”. Aseguró que el presupuesto de la Ciudad está destinado a garantizar que “nadie se acueste sin comer”, al tiempo que defendió la “importantísima labor social de muchos millones” que realizan en colaboración con entidades como Cáritas. Sin embargo, apuntó que un cambio de rumbo estructural depende del Ejecutivo nacional, al que criticó por retirar inversiones clave, como la ampliación del puerto melillense, un proyecto valorado en 300 millones de euros.
El presidente también subrayó la necesidad de reactivar bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, fundamentales para estimular el empleo en territorios extrapeninsulares como Melilla. “Es el Ejecutivo nacional quien lleva la política económica. Nosotros no podemos hacerlo solos”, insistió Imbroda.
Una realidad preocupante
A pesar del contundente diagnóstico del informe FOESSA, Imbroda expresó su satisfacción por un aspecto señalado por los autores: “Han dejado claro que no existe discriminación en función del color o la religión. Aquí todos somos iguales”, celebró. Sin embargo, los datos también reflejan un “patrón religioso que refuerza y solapa desigualdades”, ya que los hogares musulmanes presentan niveles de exclusión “claramente superiores” a la media, indicando que los factores culturales y de origen continúan condicionando las oportunidades sociales en Melilla.
La Ciudad Autónoma ha mostrado su respaldo público a Cáritas y ha reiterado su compromiso de colaborar “estrechamente” con todas las demandas sociales planteadas. “Apoyamos todas sus conclusiones, y si hace falta, iremos a protestar donde quieran”, aseguró Imbroda, dejando la puerta abierta a futuras movilizaciones si no se percibe un cambio en la actitud del Gobierno central.
El informe FOESSA, que ha marcado un antes y un después en el diagnóstico social de la ciudad, advierte que la exclusión social no solo se traduce en carencias económicas, sino también en la dificultad de acceso a servicios básicos, educación, empleo digno o participación política. Los expertos que han elaborado el documento coinciden en que la solución requiere una estrategia de país, y no únicamente el esfuerzo de administraciones locales.
La petición del Ejecutivo melillense se suma a un clamor creciente entre organizaciones sociales y colectivos ciudadanos que reclaman atención urgente para territorios periféricos y con alta complejidad social. Melilla, con su singularidad geográfica y diversidad cultural, enfrenta ahora un informe que pone cifras a una realidad que lleva años denunciándose: la pobreza estructural exige voluntad política, inversión sostenida y medidas valientes para ser combatida. El balón está en el tejado del Gobierno central.
