La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) y el Colegio de Procuradores de A Coruña custodian actualmente cerca de 130 bienes intervenidos a narcotraficantes en diversas operaciones. Este inventario incluye principalmente turismos, pero también se encuentran embarcaciones y motores, todos listos para ser subastados públicamente en cuanto los jueces responsables lo autoricen.
Desde la creación de este servicio en 2016, con el apoyo de la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, se ha buscado ofrecer a los juzgados una herramienta eficaz para gestionar el patrimonio mueble decomisado a los narcotraficantes. Este sistema ha permitido que los vehículos sean custodiados en condiciones adecuadas, evitando su deterioro durante el tiempo que permanecen a la espera de una sentencia judicial.
Resultados de un servicio innovador
El pasado año, el servicio de gestión logró la venta de una cabeza tractora de camión, una embarcación, cuatro turismos y varias motos, generando un ingreso total de 52.000 euros. Además, se cedieron dos embarcaciones a la Federación Galega de Vela, valoradas en aproximadamente 50.000 euros.
Próximamente se llevará a cabo una nueva subasta pública que incluirá varios motores y un lote de material de navegación marítima. La necesidad de evitar el achatarramiento de estos activos ha sido un motor clave detrás de esta iniciativa. Anteriormente, los juzgados se enfrentaban a la dificultad de encontrar un lugar adecuado para almacenar estos bienes, lo que resultaba en que muchos de ellos se convertían en chatarra.
El gerente de la FGCN, Fernando Alonso, destaca que la organización pretende potenciar el uso social de algunos de los bienes incautados, creando un retorno para la sociedad. Un ejemplo de ello es la cesión de dos embarcaciones a la federación de vela, que las utilizará para sus actividades formativas y deportivas.
Desafíos en la gestión judicial
A pesar de los logros, el servicio se enfrenta a algunos desafíos, especialmente en la rapidez de las decisiones judiciales. Los juzgados suelen tardar en autorizar la venta de los bienes, lo que puede resultar en pérdidas económicas. Alonso señala que es común que los activos sean depositados, pero que la orden para su venta se demore, lo que genera una «inercia» negativa.
En la primera década de funcionamiento, el programa ha permitido la venta de bienes por un valor total de 612.000 euros, gestionando activos que suman casi 1,9 millones de euros. Este modelo no solo ha facilitado la gestión de los bienes, sino que ha demostrado ser una solución eficaz para maximizar el retorno económico y social de las operaciones contra el narcotráfico.
