El desarrollo de Madrid Nuevo Norte, conocido como la Operación Chamartín, ha cobrado relevancia por un pleito que podría poner en jaque su avance, valorado en más de 1.000 millones de euros. Este conflicto legal, que comenzó hace más de 25 años, se centra en la cesión de terrenos por parte de ADIF al grupo promotor Crea Madrid Nuevo Norte (CMNN), en el que participan entidades como BBVA y las promotoras Merlin y San José.
Las tensiones han aumentado desde que en septiembre de 2022 la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso interpuesto por el Grupo Baraka y la Asociación ‘No Abuso’. Este recurso busca anular el contrato entre ADIF y BBVA, argumentando que la cesión de estos terrenos no se ajusta a derecho y que los derechos de los antiguos propietarios no han sido debidamente reconocidos.
Un conflicto histórico
Para entender el origen de esta disputa, es necesario retroceder a los años 40 y 50, cuando el Gobierno español expropió los terrenos que actualmente albergan la estación de Chamartín. Los herederos de los propietarios originales reclaman lo que se conoce como derechos de reversión, es decir, la posibilidad de recuperar la propiedad de los terrenos cuando dejan de destinarse al interés público. En este caso, su valor se estima en más de 1.000 millones de euros, cifra que podría aumentar si se confirma la restitución de los terrenos.
Desde el 29 de octubre de 1999, cuando la Asociación ‘No Abuso’ inició formalmente su reclamación, el proceso ha estado marcado por una serie de modificaciones legales y administrativas que han complicado aún más la situación. Los demandantes sostienen que el contrato firmado en 2018 entre ADIF y BBVA, que transformó la concesión administrativa de 1993 en un contrato de compraventa, favoreció claramente a los promotores y excluyó sus derechos de reversión.
Las implicaciones del contrato de 2018
El contrato de 2018, firmado por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha sido objeto de controversia. Los denunciantes argumentan que este acuerdo carecía de la debida autorización del Consejo de Ministros y se basa en un informe de la Abogacía General del Estado que no se hizo público hasta 2025. Este informe, que supuestamente justificaba la eliminación de obligaciones de reversión, contradice su contenido original, creando incertidumbre sobre la legalidad del proceso.
La lucha por los derechos de reversión no solo implica a los antiguos propietarios, sino que también podría tener consecuencias significativas para el Estado, que podría verse obligado a indemnizar si se confirma la ilegalidad del contrato. La Audiencia Nacional ha exigido la presentación del expediente administrativo completo, un documento que Baraka ha estado solicitando sin éxito durante años.
A medida que avanza este proceso judicial, la situación de Madrid Nuevo Norte se vuelve más incierta. Con la construcción de 10.500 nuevas viviendas y la creación de 350.000 empleos en juego, el futuro del mayor desarrollo urbanístico de Madrid pende de un hilo, mientras los antiguos propietarios continúan reclamando lo que consideran sus derechos legítimos.
