La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha confirmado que ejecutará el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que le obliga a llevar a cabo la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco en Guadalajara, un proyecto que ha estado pendiente durante años. La delegada del Gobierno regional en Guadalajara, Rosa María García, ha afirmado que la posibilidad de presentar un recurso es mínima, dado que «a poco que se tenga conocimiento de derecho, esto tiene poco recorrido; el auto lo dice claro».
García también ha asegurado que la Junta cumplirá con los plazos establecidos por el tribunal, que incluyen el inicio inmediato de la licitación de las obras de rehabilitación de la nave de la Forja, destinada a convertirse en biblioteca municipal, y de la nave de Cerrajería, que se destinará a escuelas municipales. El auto establece un mes para desalojos y demoliciones incompatibles con el planeamiento, cuatro meses para redactar nuevos proyectos de rehabilitación y seis meses para subsanar deficiencias detectadas en los informes técnicos.
Responsabilidades y bloqueos
La delegada ha enfatizado que la Junta siempre ha respetado las resoluciones judiciales y continuará haciéndolo con seriedad y responsabilidad política e institucional. Sin embargo, ha responsabilizado al Ayuntamiento de Guadalajara y a su alcaldesa de haber bloqueado durante años cualquier solución de fondo para el Fuerte. «La voluntad de la Junta siempre ha existido, pero solo puede materializarse en la medida en que el Ayuntamiento lo permita», ha indicado García, acusando al equipo municipal de optar por la confrontación política y la judicialización interesada.
Además, ha recordado que la Junta propuso grandes proyectos estratégicos para el Fuerte, como la Ciudad del Cine, con una inversión cercana a 12 millones de euros, así como un campus de Formación Profesional y una residencia universitaria, todos ellos rechazados o paralizados por el Ayuntamiento. Según García, estas decisiones han privado a Guadalajara de oportunidades significativas de desarrollo cultural y educativo.
Impacto de la sentencia
«La sentencia es una condena para los vecinos, no para la Junta», ha insistido García, lamentando que la ciudad haya perdido proyectos de futuro. También ha criticado la falta de propuestas alternativas por parte del Consistorio. La delegada ha advertido que la ejecución de la sentencia implica el cierre definitivo de los grandes proyectos estratégicos planteados por la Junta para el Fuerte.
En conclusión, García ha defendido que «cuando hay que cumplir un auto, hay que cumplirlo. Este viaje ha llegado hasta aquí», dejando claro que la Junta iniciará los trabajos de rehabilitación a pesar de que los grandes proyectos inicialmente planteados queden descartados.
