El magistrado Santiago Pedraz ha comenzado una investigación sobre la supuesta infiltración de una red criminal en varios ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, centrada en el sector de los hidrocarburos. Esta indagación se basa en información relevante recibida en diciembre de 2022 por parte de la Guardia Civil, que apunta a la corrupción y la compra de favores en el ámbito ministerial.
A partir de este miércoles, Pedraz ha convocado a declarar a varios testigos clave, entre ellos dos exjefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto. Asimismo, ha citado al comisionista Claudio Rivas, su socio Víctor de Aldama y la empresaria Carmen Pano, quien ha declarado haber entregado 90 000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.
Detalles de la trama y su funcionamiento
Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), la organización criminal habría logrado comprar la «voluntad» de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, para influir en la concesión de licencias de la mercantil Villafuel SL. Este esquema incluía pagos en efectivo, la compra de un chalet en La Alcaidesa para Ábalos, así como un contrato de trabajo para su exasesor Koldo García en la empresa Instalibero District SL, a pesar de que no se registraron servicios prestados por él.
La UCO ha estimado que el desembolso total para «comprar la voluntad» de Ábalos ascendió a aproximadamente un millón de euros. Además, se han documentado pagos de Claudio Rivas a Víctor de Aldama, quien actuó como enlace con el exministro.
La operación se inició el 19 de diciembre de 2020, cuando Rivas contactó a Aldama a través de Pano y su hija, Leonor González Pano. Mensajes interceptados muestran cómo Rivas aceptó mediar con Ábalos y se discutieron las contraprestaciones económicas que se ofrecieron al exministro.
Las declaraciones y próximos pasos de la investigación
La investigación proseguirá con la declaración de testigos clave y de imputados. El juez Pedraz comenzará este miércoles a las 10:15 horas con las declaraciones de Bidart y Pons, y posteriormente interrogará a Rivas, supuestamente el cabecilla de esta trama. El jueves será el turno de los imputados Víctor de Aldama, Carmen Pano y Leonor González Pano.
Para el viernes, el magistrado escuchará a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y al empresario Manuel Salles, así como a Álvaro Gallego, quien está relacionado con un pago de 108 500 euros. García es mencionado en el informe de la UCO por sus contactos con Aldama en relación con la concesión de la licencia a Villafuel, aunque la comunicación se realizó a través de WeChat, lo que ha dificultado la recuperación de sus contenidos.
Esta investigación pone en evidencia las preocupaciones sobre la corrupción en el ámbito gubernamental y la infiltración de redes criminales en áreas estratégicas como el sector de los hidrocarburos, donde se ha señalado la evasión del IVA y otros delitos fiscales. La situación actual plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones y la necesidad de una mayor vigilancia en la gestión pública.
