Irene Montero critica al Gobierno por su gestión de desahucios

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha realizado una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la moratoria del decreto antidesahucios, acusándolo de «hacer chapuzas» y de no haber prolongado la suspensión de desahucios en su reciente renovación. En una entrevista emitida en Canal Red y recogida por Europa Press, Montero ha manifestado su descontento ante la decisión del Ejecutivo de dividir el decreto Ómnibus, que incluía la prórroga, después de haber sido rechazado en el Congreso.

Montero ha señalado que esta fragmentación de la normativa se debe a la falta de previsión del Gobierno, quien, según ella, no ha considerado que la legislatura se complicaría, y ha añadido que una renovación más extensa habría proporcionado «tranquilidad a las familias». A su juicio, gobernar implica «buscar hasta la extenuación» mecanismos que protejan a la sociedad, especialmente en tiempos difíciles.

Críticas a la derecha y su impacto en familias vulnerables

Además de criticar la gestión gubernamental, Montero no ha dudado en responsabilizar a la derecha por su oposición a la prórroga del decreto. Ha advertido que su posición está poniendo en «grave riesgo a 60.000 familias», que podrían enfrentarse a desahucios si no se toman medidas adecuadas. Ha afirmado que «la responsabilidad la tiene una derecha que gobierna en contra de la gente» y ha lamentado el creciente envalentonamiento de la oposición.

La eurodiputada ha enfatizado que la actual situación revela una falta de voluntad por parte del Gobierno para construir derechos sociales y humanos, lo que ha contribuido al surgimiento de una «ola reaccionaria» en la política española. Montero ha concluido su intervención denunciando que la inacción del Ejecutivo en materia de vivienda ha creado un caldo de cultivo para el extremismo en el ámbito político.

La situación en torno a los desahucios continúa generando un amplio debate en la sociedad española, donde la presión por asegurar el derecho a la vivienda se ha intensificado en medio de la crisis económica. La postura de Montero refleja una creciente preocupación por el bienestar de las familias más vulnerables en un contexto de polarización política y social.