La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su firme rechazo al recorte de las ayudas para la compra de coches eléctricos, calificando estas medidas de «insuficientes». En un comunicado emitido el 15 de marzo de 2024, la OCU criticó duramente el alcance del Real Decreto-ley 2/2026 y el nuevo Plan Auto+, señalando que, aunque se mantiene la deducción del 15% en el IRPF hasta 3.000 euros, las ayudas disminuyen y se eliminan las destinadas a la instalación de cargadores domésticos.
La OCU ha advertido durante años que el precio es el principal obstáculo para que la movilidad eléctrica sea una opción viable y ha enfatizado que «la sostenibilidad no puede ser un lujo accesible solo para los más privilegiados». En este contexto, el Plan Auto+ no aborda adecuadamente el problema del encarecimiento de la movilidad eléctrica, ya que se ha eliminado la oferta de achatarramiento de vehículos antiguos y el importe máximo de las nuevas ayudas ha pasado de 7.000 a 4.500 euros, lo que representa un retroceso significativo.
Consecuencias de los recortes en las ayudas
La eliminación de estas ayudas no solo afecta a los consumidores interesados en la compra de vehículos eléctricos, sino que también tiene repercusiones en la sostenibilidad del parque móvil en España, que presenta una de las edades medias más altas de la Unión Europea (UE). Además, esta medida contribuía a reducir la siniestralidad y a retirar del mercado los vehículos más contaminantes.
La OCU ha destacado que la ayuda adicional de 1.000 euros ofrecida por muchos concesionarios ya era una práctica habitual, lo que cuestiona la efectividad de las nuevas medidas. Por otro lado, la supresión de las ayudas a la instalación de cargadores domésticos ha complicado el acceso a tarifas eléctricas económicas, lo que representa una barrera significativa, especialmente para las familias con rentas bajas.
Asimismo, la OCU ha señalado que la normativa vigente no toma en cuenta que muchos hogares carecen de garaje, lo que impide la instalación de una estación de carga. En este sentido, la OCU pide una estrategia nacional de recarga que garantice un acceso real y equitativo a los vehículos eléctricos, especialmente para aquellos que no tienen una estación de carga propia.
Demandas de la OCU al Gobierno
Ante esta situación, la OCU ha enumerado una serie de exigencias al Gobierno para mejorar el contexto de la movilidad eléctrica. En primer lugar, solicita la recuperación de las ayudas por achatarramiento de coches antiguos con motor de combustión, lo que podría aumentar el importe final de la ayuda y facilitar la renovación del parque automovilístico español.
Además, la OCU exige la reactivación de las ayudas para la instalación de cargadores domésticos y el desarrollo de una Estrategia Nacional de Recarga. Desde la OCU, también se considera esencial garantizar una mayor transparencia en la información ofrecida a los consumidores y vigilar posibles prácticas de incremento de precios en los modelos subvencionables mediante controles periódicos del mercado.
Por último, la OCU ha demandado un aumento de los 400 millones de euros asignados al Plan Auto+, argumentando que esta cifra es claramente insuficiente y se agotará en pocos meses si se mantiene el porcentaje actual de vehículos enchufables vendidos.
