Una jueza federal ha decidido bloquear la entrada en vigor de una ley de California que restringía a los agentes locales y federales, incluidos los del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el uso de pasamontañas y máscaras durante sus operaciones. Esta decisión, anunciada el 10 de febrero de 2026, representa una victoria para el Gobierno del expresidente Donald Trump, que había impugnado la norma argumentando que comprometía la seguridad de los agentes.
La magistrada Christina Snyder, del Tribunal Federal de Los Ángeles, dictaminó que la ley SB 627 discriminaba a los agentes federales al imponerles restricciones no aplicables a las fuerzas del orden estatales. La ley, que fue aprobada el año pasado como respuesta a una serie de redadas en Los Ángeles, prohibía a los agentes cubrirse el rostro, excluyendo a la Policía estatal y a unidades especiales de esta normativa. La jueza destacó que la ley «trata a las fuerzas del orden federales de manera diferente a los agentes de las fuerzas del orden estatales en situaciones similares», lo que justificó su decisión de bloquear la ley.
Sin embargo, la jueza sí mantuvo en vigor otra normativa, la ley SB 805, que exige a los agentes mostrar de forma visible una identificación con el nombre de la agencia y un nombre o número de placa durante sus intervenciones públicas. Esta disposición también había sido impugnada por la Administración Trump, que sostiene que ambas leyes ponen en peligro la seguridad de los agentes federales, quienes enfrentan un ambiente de acoso y violencia «sin precedentes».
Desde su aprobación, el Gobierno estadounidense había advertido que no cumpliría con la prohibición del uso de máscaras. Las críticas a la ley californiana no se limitaron al ámbito federal. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, también se manifestó en contra de esta normativa, argumentando que limita la efectividad de los agentes en el cumplimiento de su deber.
California se convirtió así en el primer estado del país en aprobar una prohibición de este tipo para los agentes migratorios, una medida que ha sido objeto de debate en otros estados y en el propio Congreso de EE. UU., especialmente tras los incidentes fatales de René Good y Alex Pretti en Minneapolis el mes pasado. Ambas leyes estaban previstas para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, pero su aplicación quedó suspendida tras la presentación de la demanda federal.
La decisión de la jueza no solo detiene la implementación de estas leyes, sino que también abre la puerta a que el estado de California reformule la normativa, eliminando las excepciones que han motivado su bloqueo judicial. En un contexto donde la seguridad de las fuerzas del orden es cada vez más discutida, el fallo de Snyder marca un importante precedente en la relación entre los estados y el Gobierno federal.
