El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado un ambicioso conjunto de medidas destinado a abordar el alarmante descenso de la natalidad en Francia. Este plan incluye la creación y expansión de servicios sanitarios, como diagnósticos, centros de tratamiento y unidades de fertilidad, con el objetivo explícito de aumentar la capacidad asistencial en el país y facilitar el acceso a tratamientos que anteriormente eran menos accesibles. Aunque el enfoque ha sido recibido como moderno y pragmático, surgen interrogantes sobre si estas políticas se fundamentan en evidencia científica o si, por el contrario, simplifican un problema complejo en beneficio de la industria.
La estrategia se basa en una premisa discutible: considerar la reproducción asistida y la preservación de la fertilidad como herramientas neutras y seguras que puedan compensar, mediante tecnología, el retraso estructural en la maternidad. Sin embargo, presentar estas técnicas como solución demográfica ignora aspectos esenciales desde la perspectiva de la salud pública y el derecho de las familias a recibir información veraz.
Uno de los pilares de la propuesta institucional es la promoción de la congelación de óvulos como una especie de «seguro reproductivo». No obstante, esta narrativa genera una falsa sensación de control sobre la fertilidad. La congelación de óvulos puede ser beneficiosa en contextos médicos específicos, como ciertos tratamientos oncológicos, pero su recomendación general para todas las mujeres carece de justificación médica. Además, no garantiza un embarazo futuro ni compensa la caída natural de la fertilidad que se asocia con la edad.
Los datos demuestran que el uso de óvulos de mujeres más jóvenes mejora las tasas de éxito de estas técnicas en comparación con los óvulos de mujeres de mayor edad; sin embargo, el resultado final sigue siendo bajo cuando se mide en términos de bebés nacidos vivos. Aún más preocupante es el silencio sistemático sobre los riesgos para la salud de los niños concebidos mediante fecundación in vitro.
Tal como expongo en mi libro El último in vitro (Amazon 2025), la literatura científica internacional señala un aumento de riesgos de malformaciones congénitas, prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal. Además, diversos estudios apuntan a una mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer, trastornos del espectro autista y otras patologías. Estos datos rara vez forman parte del debate público cuando la reproducción asistida se presenta como política de Estado.
Impulsar estas técnicas como eje de una estrategia pronatalista sin advertir explícitamente sobre los riesgos supone una grave irresponsabilidad. Se está construyendo una política de natalidad que favorece a una industria con grandes intereses económicos, cuya lógica no es informar, sino vender. En el contexto francés, las medidas anunciadas parecen responder a un problema estructural particular: la escasez de óvulos para donación, resultado de un sistema con fuertes restricciones que ha velado por la no mercantilización del cuerpo.
La promoción masiva de la congelación de óvulos permitirá crear un auténtico «almacén» de ovocitos, condición necesaria para la expansión del sector, que hasta ahora enfrentaba limitaciones significativas. Este crecimiento no beneficiará únicamente a las clínicas —que en Francia están integradas en el sistema público—, sino, sobre todo, a las empresas tecnológicas y biofarmacéuticas privadas que las abastecen.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, el balance es cuestionable. Aunque el uso de óvulos congelados de mujeres más jóvenes incrementa ligeramente las tasas de éxito, estas siguen siendo globalmente bajas, lo que se traduce en una eficacia limitada y en una inversión pública con un retorno discutible. Además, el análisis no puede centrarse únicamente en el número de nacimientos logrados, ya que parte del gasto actual genera una población infantil con mayores riesgos para la salud, lo que anticipa costes sanitarios significativos a largo plazo.
La crisis demográfica en Europa es un fenómeno complejo que se vincula a factores estructurales como la precariedad laboral, el acceso a la vivienda y la debilidad de las políticas familiares. Intentar resolverla medicalizando la reproducción es una huida hacia adelante. No se puede abordar un problema social profundo sustituyendo la reproducción natural por procedimientos biomédicos que no son inocuos, ni hacerlo a costa de la salud de los niños o del derecho de las familias a recibir información completa y transparente.
Europa no necesita marketing reproductivo ni soluciones tecnológicas presentadas como panaceas. Necesita condiciones reales que permitan formar una familia en edades biológicamente más favorables y un debate público basado en evidencia científica, no en eslóganes. La tecnología no puede corregir por decreto los límites de la biología, y ignorarlo conlleva consecuencias sanitarias, económicas y sociales que no deben ser minimizadas.
