La Comunidad de Madrid ha anunciado un cambio significativo en su política de vivienda pública, reduciendo el tiempo mínimo de empadronamiento exigido para solicitar un alquiler en una vivienda protegida de diez a cinco años. Esta medida fue comunicada el pasado jueves por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
El nuevo reglamento de vivienda pública, que se prevé aprobar en julio de 2024, tiene como objetivo adaptar la normativa a la realidad del mercado residencial y facilitar el acceso a la vivienda protegida, especialmente en régimen de alquiler. Según Rodrigo, se busca un empadronamiento más accesible, que se aplicará únicamente a las viviendas en alquiler, mientras que el criterio general de diez años se mantendrá para el acceso a la vivienda protegida en régimen de compra.
Flexibilidad en los requisitos de acceso
El consejero explicó que el nuevo reglamento no exigirá el periodo de empadronamiento a quienes hayan adquirido compromisos relacionados con la compra de vivienda protegida antes de la entrada en vigor de esta norma. Esto incluye contratos de compraventa firmados, títulos de adjudicación ya otorgados y aportaciones económicas realizadas. Además, en los casos en los que se requiera cumplimiento del empadronamiento, será suficiente que uno de los miembros de la unidad de convivencia lo cumpla, facilitando así el acceso a familias y parejas con trayectorias residenciales diversas.
Estas modificaciones buscan reforzar la seguridad jurídica y proteger a aquellos que ya habían asumido compromisos económicos, evitando que cambios normativos perjudiquen sus expectativas. Según el Gobierno regional, el nuevo reglamento también pretende impulsar la construcción de viviendas protegidas y adaptar la normativa a nuevas fórmulas residenciales, como las viviendas compartidas o residencias temporales vinculadas a estudios o empleo.
Agilización de trámites y contexto político
Otra de las novedades que contempla el reglamento es la simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con la vivienda protegida. El Ejecutivo autonómico planea incorporar la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y agilizar trámites como el visado de contratos de acceso. Estas medidas tienen como objetivo reducir los tiempos de gestión y facilitar la llegada al mercado de nuevas viviendas protegidas, un aspecto clave en un contexto de alta demanda y escasez de oferta asequible.
El anuncio se produce en un clima de confrontación política, con Rodrigo defendiendo que la Comunidad de Madrid busca garantizar oportunidades de acceso a vivienda pública. En este sentido, criticó las propuestas del PSOE en materia migratoria, argumentando que estas podrían suponer regulaciones masivas sin beneficios para los madrileños. Este debate refleja la urgencia de abordar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas.
La reforma del reglamento de vivienda protegida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno autonómico para ampliar la oferta y mejorar el acceso a viviendas asequibles. Según el consejero, el primer plan de choque con medidas de impulso a la vivienda ya se ha cumplido en un 95 %, lo que refuerza la hoja de ruta del ejecutivo regional. Si se aprueba finalmente la medida en los términos anunciados, podría beneficiar a miles de residentes que, pese a llevar años viviendo en la región, no cumplían con el requisito de diez años exigido hasta ahora.
Con estas reformas, la Comunidad de Madrid busca avanzar hacia un modelo de vivienda pública más accesible y flexible, adaptado a las necesidades reales de la población.
