La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una resolución en la que se opone a la creación de una macrocausa que agrupe las denuncias relacionadas con el conocido como caso residencias. Esta decisión, que ha sido confirmada por la Sección número 16 del tribunal, respalda la postura del Juzgado de Instrucción número 3, que anteriormente había rechazado asumir y acumular las diligencias provenientes de otros órganos judiciales.
El conflicto judicial surgió entre el Juzgado de Instrucción número 5 y el número 3. Mientras que el primero intentaba inhibirse a favor del segundo, alegando que ambas causas investigaban los mismos delitos cometidos por altos cargos políticos y sanitarios, la Audiencia ha desestimado esta solicitud. El tribunal ha reafirmado que el Juzgado número 5 tiene competencia exclusiva sobre sus propias diligencias previas.
Contexto del caso
La Fiscalía de Madrid optó por desglosar las actuaciones penales en relación con cada uno de los ancianos fallecidos, tras recibir una denuncia colectiva de familiares de las víctimas. Esta decisión ha generado un cruce de acusaciones y ha complicado el panorama judicial, que permanece a la espera de una nueva resolución por parte de otra sección del tribunal. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Isabel Durantez Gil, firmó el auto que frenó la acumulación de las causas el 27 de agosto de 2025.
El tribunal ha argumentado que es necesario analizar cada caso de manera individual, considerando las circunstancias personales de cada víctima y las características de cada residencia de mayores donde ocurrieron las muertes a causa del covid. En su razonamiento, la Audiencia cita resoluciones del Tribunal Supremo que subrayan la importancia de evitar imputaciones globales o conjuntas, las cuales podrían ir en contra del principio de culpabilidad en el ámbito penal.
Propuestas de las partes implicadas
A pesar de la oposición del tribunal a la acumulación de casos, aún queda pendiente la respuesta de otra sección sobre la solicitud presentada por las familias, la Fiscalía y uno de los imputados, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien es considerado el ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza. Este contexto judicial refleja una situación complicada y llena de tensiones, donde las partes continúan buscando una resolución que pueda arrojar luz sobre los hechos ocurridos en las residencias durante la crisis sanitaria.
La Audiencia ha dejado claro que cada caso debe ser tratado con la atención que merece, garantizando así un proceso justo y equitativo en la investigación de las muertes ocurridas en un periodo tan crítico para la sociedad.
