Un ataque armado en el municipio de El Empalme, en la provincia de Guayas, resultó en la muerte de al menos once personas y dejó a otras cuatro heridas la noche del pasado domingo, según informó la Policía. El incidente tuvo lugar en la parroquia rural La Guayas, donde varios individuos abrieron fuego contra un bar llamado La Clínica.
El jefe de Policía de El Empalme, Óscar Valencia, explicó que los atacantes llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos, utilizando armas de alto calibre. «Podemos ver que fue con fusiles, por los casquillos que se encuentran en la escena», comentó Valencia. Los atacantes, que se habrían desplazado varios kilómetros antes de perpetrar el ataque, parecen haber estado buscando a una persona en particular, dado que se trató de disparos selectivos.
Las autoridades han comenzado a recabar información en el lugar de la masacre, intentando determinar si las víctimas habían sido seleccionadas deliberadamente o si el ataque formaba parte de un enfrentamiento entre bandas criminales. «Estamos esperando la información de las cámaras de seguridad y los testimonios de la ciudadanía para esclarecer qué sucedió», añadió el oficial.
Un contexto de violencia creciente
Este ataque se suma a una serie de hechos violentos en Ecuador, que ha visto un aumento alarmante de la criminalidad en los últimos años. El pasado 19 de julio de 2023, otro ataque dejó nueve muertos en un billar en la misma provincia, lo que evidencia la escalofriante ola de violencia que afecta a Guayas, catalogada por las autoridades como el epicentro de la criminalidad en el país.
Ecuador ha sido señalado como uno de los países con mayor índice de violencia en Latinoamérica, lo que ha llevado al gobierno del presidente Daniel Noboa a declarar un estado de excepción en 2024. Este estado tiene como objetivo combatir a las bandas criminales, que han sido calificadas como terroristas por el Ejecutivo, y que son responsables de la escalada de violencia sin precedentes en el país.
La situación en Ecuador requiere atención urgente, y las autoridades están bajo presión para abordar este problema de seguridad que afecta cada vez más a la población civil. La respuesta gubernamental y la colaboración de la ciudadanía serán cruciales para devolver la paz a las comunidades afectadas.
