Según un reciente informe de CC.OO. Educació, el gasto medio por alumno en las universidades públicas de Cataluña ha disminuido drásticamente, pasando de 9 250 euros en 2010 a 8 275 euros en 2023. Esta reducción, que supera el 10%, alcanza el 40% si se considera la inflación acumulada en este periodo. La organización sindical ha insistido en la necesidad de destinar el 1% del PIB a la financiación de la educación universitaria pública.
La creciente preocupación por la inversión universitaria
Durante la presentación del ‘Informe sobre el financiamiento y el modelo universitario público catalán’, su secretario general, Edu Núñez, destacó que, a pesar del aumento de la riqueza en la sociedad, este crecimiento no se traduce en una mayor inversión en las universidades. Núñez envió un claro mensaje a la Conselleria de Investigación y Universidades y al Govern, subrayando la urgencia de redirigir esta situación y apostar por la inversión en el ámbito universitario.
La profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y ponente del informe, Olga Alcaraz, señaló el estado de «precariedad» en el que se encuentran las universidades catalanas, además del envejecimiento de las plantillas. Alcaraz enfatizó la necesidad de socializar el conocimiento y de establecer un sistema de financiación estable que permita a las universidades cumplir con su función de manera digna. Hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que trabajen en un pacto que fortalezca la universidad pública.
Desafíos estructurales en la financiación
Juan Montesinos, responsable de Políticas Universitarias de CC.OO. Educació, explicó que la crisis económica llevó a una reducción en la financiación de las universidades, que aún persiste a pesar de la recuperación del PIB. En 2023, solo se destinaba el 0,39% del PIB a las universidades públicas, una cifra notablemente inferior al 0,56% registrado en 2010. Para alcanzar el objetivo del 1%, sería necesario «doblar» la inversión por alumno respecto a hace trece años.
El sindicato también ha propuesto establecer una «hoja de ruta» para lograr esa meta del 1% del PIB para la universidad pública, tal y como estipula la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Núñez considera que la Conselleria debe actuar con rapidez y dar respuesta a la situación, esperando que la negociación de los presupuestos de la Generalitat contemple una adecuada financiación para las universidades.
En conclusión, la situación actual del sistema universitario en Cataluña requiere una atención urgente y un compromiso renovado por parte de las autoridades para garantizar una educación de calidad y accesible para todos los ciudadanos.
