La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez-Bravo, ha presentado este miércoles los nuevos presupuestos de la Generalitat de Catalunya, destacando que son «una pieza clave» para reducir las listas de espera en dependencia y discapacidad. El Govern de Salvador Illa ha reservado 4.248 millones de euros, lo que representa un aumento del 28% respecto a las cuentas de 2023, situando a este departamento entre los que más crecen en términos absolutos.
De esta cantidad, el 60,9% se destinará a la promoción de la autonomía personal y a la atención a la dependencia y a la discapacidad. La lucha contra las largas listas de espera recibirá una inyección de 25 millones de euros, lo que Martínez-Bravo ha calificado como «un impulso muy importante». Esta presentación se produce dos semanas después de que se hiciera público el primer informe social de Cataluña, que alertó sobre el envejecimiento, el aumento del coste de la vida y la pobreza infantil.
Desafíos en el Parlament y nuevas iniciativas
A pesar de la ambiciosa propuesta, los presupuestos enfrentan dos escollos en el Parlament: el debate a las enmiendas a la totalidad el 20 de marzo de 2024 y la votación definitiva el 24 de abril de 2024. Actualmente, Esquerra Republicana (ERC) no ha mostrado disposición a negociar a la espera de obtener del Gobierno una garantía sobre el traspaso del IRPF a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), convirtiéndose en el quinto grupo en enmendar la totalidad del proyecto.
En el ámbito de los cuidados, la conselleria abrirá 1.000 nuevas plazas concertadas y 15 nuevas residencias públicas, de las cuales nueve ya están en curso. Además, el presupuesto destina casi 500 millones de euros para prestaciones económicas sociales y refuerza la estrategia contra la pobreza infantil, que moviliza 880 millones de euros.
Mejoras en el sistema de ingresos y vivienda
Martínez-Bravo ha señalado que estos presupuestos son «solo la punta del iceberg» de un refuerzo del sistema de garantía de ingresos, que incluye 3,5 millones de euros adicionales para mejorar la gestión del ingreso mínimo vital, con la incorporación de 100 nuevos profesionales y la creación de una «nueva renta garantizada más integrada». En el contexto actual de sinhogarismo en Cataluña, se planea invertir 30 millones de euros para combatir esta situación, aumentando las plazas de emergencia y vivienda para atender a 5.000 personas hasta 2029.
Según los cálculos presentados por Martínez-Bravo, el 95,6% de los recursos se destinarán directamente a políticas y servicios que benefician a la ciudadanía. «El país necesita estos presupuestos, los más grandes de la historia, para reforzar el estado del bienestar», ha subrayado la consellera, quien ha advertido que las prórrogas «dificultan de manera muy sustancial la gestión y el día a día» de los servicios sociales.
